Por: Gloria Inés Ramírez Ríos / Senadora de la República por el PDA

El gobierno de Uribe Vélez acaba de propinarle un nuevo y demoledor golpe a la salud pública, con graves repercusiones para los trabajadores y la población. Bastó con que los poderosos negociantes de la salud agremiados en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI, amenazaran con que si los departamentos y municipios y el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA no les pagaban las deudas pendientes, 15 Empresas Promotoras de Salud EPS cerrarían sus puertas, para que el gobierno se apresurara a decretar la llamada Emergencia Social, a cuyo amparo ha expedido una avalancha de decretos con fuerza de ley que, en definitiva, lo que hace es favorecer a los comerciantes de la salud, profundizar el proceso de privatización y recortar los derechos de los usuarios.

En una Constancia que dejamos en el Senado de la República el 15 de diciembre del año anterior, en nombre del Polo Democrático Alternativo dijimos que “una emergencia como esta sólo puede ser decretada cuando hay ‘hechos sobrevinientes’, es decir, sucesos imprevistos, y no hay nada más sabido que la crisis que la salud viene afrontando desde cuando se inició el proceso de reformas neoliberales con le Ley 100 de 1993, que convirtió la salud en un negocio del capital financiero, (…) Además para el congreso de la República resulta inaceptable que por la vía de la Emergencia se eluda el necesario debate que hay que dar sobre el estruendoso fracaso de las reformas a la seguridad social”.

Es pertinente recordar que los problemas financieros de la salud se derivan del recorte a las transferencias a departamentos y municipios aprobado por el Congreso de la República , de la utilización de los recursos del FOSYGA por parte del gobierno nacional para tapar los huecos fiscales y del hecho de que gran parte de los recursos se quedan en manos de los intermediarios, asuntos que no se tocan para nada en los decretos de la Emergencia Social.

Los aspectos particularmente lesivos de la nueva reforma son los que tienen que ver con el aumento del IVA a los licores, que, hasta 35 grados, tributarán 286 pesos por grado alcohólico y con más de 35, 386 pesos por grado; los cigarrillos pagarán 650 pesos por cajetilla de 20 unidades en el 2010 y 750 pesos a partir del 2011; el IVA a la cerveza subirá del 3% al 14% en el presente año y al 16% el año entrante, y los juegos de suerte y azar incrementarán el IVA del 5% al 16%. Esto significa que es por la vía de aumentar el IVA, que es el impuesto más regresivo, como se va a financiar el déficit de las finanzas de la salud.

Con todo ello, el gobierno aspira a recaudar 1.15 billones de pesos anuales, que hay que sumarlos a los recursos liberados de los saldos excedentes por concepto de aportes patronales del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones para salud, de la liquidación de los contratos del régimen subsidiado suscritos entre gobernadores y alcaldes con las EPS y de otras medidas dirigidas a facilitar el flujo de recursos a las empresas de salud. Sin embargo, los voraces representantes de ACEMI han dicho que las medidas ayudan, pero son “insuficientes”.

Más graves aún resultan las normas contenidas en los decretos 128 y 131 de 2010. En el primero de ellos se establece que los servicios no POS, que ahora se llamarán “prestaciones excepcionales en salud”, deberán ser autorizadas por un comité técnico y serán costeadas total o parcialmente por los afiliados, para lo cual los someterán al examen minucioso de sus ingresos y de su patrimonio personal y familiar y, si carecen de recursos, podrán financiarlos con las cesantías, los ahorros pensionales o créditos bancarios. Para las personas insolventes se crea un fondo llamado FONPRES que subsidiará los gastos con la condición de que los recursos de dicho fondo alcancen para ello, cosa que ya sabemos que no ocurrirá.

El decreto 131, por su parte, modifica el POS priorizando la atención de baja complejidad en medicina y odontología y limitando los especialistas a los casos en que “se cuente con evidencia científica” y siempre y cuando no se afecten los costos. Para rematar, le asesta un golpe de gracia al derecho de tutela en salud, al establecer sanciones entre 10 y 50 salarios mínimos a los médicos y odontólogos que formulen por fuera del POS básico. El resultado será que de ahora en adelante los negociantes de la salud recibirán más dinero pero prestarán menos y peores servicios, con lo cual sus ganancias se verán extraordinariamente multiplicadas.

Este sartal de medidas regresivas, parece inconcebible pero es real. Está firmado por el mismo personaje que hace pocos días afirmaba demagógicamente que “una decisión que nos llena de entusiasmo, que ennoblece la vida de Colombia, que justifica la razón de ser de los gobiernos, es el salvamentos financiero de la salud”; el mismo que funge otra vez como candidato presidencial y que, en realidad, lo que ha hecho es asegurar las ganancias de los negociantes a costa de la salud del pueblo.

A nuestro juicio, estos decretos, además de atentar gravemente contra el derecho fundamental a la salud, son violatorios de los convenios del OIT, de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional que ordenó prestarles los servicios de salud a todos los usuarios aún cuando no están incluidos en el POS, y del Artículo 215 de la Constitución que dice que “El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”. En consecuencia, vamos a reivindicar el derecho del Congreso de la República de “derogar, modificar o adicionar los decretos”, tal como lo dispone el Artículo 215, pero lo que nos parece fundamental es organizar la movilización de los trabajadores y de la población para echar atrás esta monstruosidad contra el derecho a la salud.

De otra parte, consideramos que si la Corte Constitucional es coherente, lo que debe hacer es declarar inexequibles los decretos que contradigan las sentencias que ha proferido en materia de salud.

Una vez más, insistimos en que la solución de los problemas de la salud pasa por la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y demás leyes neoliberales que le quitaron el carácter de derecho fundamental y la mercantilizaron, y en la discusión amplia de una nueva reforma democrática que rescate la salud pública y garantice servicios de calidad para todos los colombianos.

 

Bogotá, D.C., 26 de enero de 2010

Por: Gloria Inés Ramírez Ríos/ Senadora de la República por el PDA

Es suficientemente conocido que, salvo casos excepcionales, el genocidio contra la Unión Patriótica, los asesinatos y desapariciones de miles de sindicalistas, dirigentes sociales y luchadores populares y otra larga lista de crímenes contra nuestro pueblo permanecen en la más absoluta impunidad.

La mal llamada ley de “Justicia y Paz”, lo que en realidad hizo fue consagrar la impunidad para los crímenes del paramilitarismo, y la extradición de sus principales jefes a Estados Unidos le puso punto final a la posibilidad de que los principios de verdad, justicia y reparación pudieran tener alguna aplicación en nuestro país.

El mismo tenebroso camino han comenzado a recorrer los eufemísticamente llamados “falsos positivos”, que no son otra cosa que crímenes de Estado cometidos por la Fuerza Pública contra numerosos ciudadanos reclutados con toda clase de engaños y asesinados luego para presentarlos como bajas en combates.

En efecto, durante las últimas semanas 31 militares procesados por los “falsos positivos” han sido puestos en libertad debido a que se vencieron los 90 días previstos en la ley sin que la Fiscalía los llamara a juicio. En igual situación se encuentra otro grupo de 23 militares que, de no variar la actuación de la justicia, también quedarán en libertad.

Ante la gravedad de estos hechos, el Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia y otros altos funcionarios del Estado han emitido declaraciones xxxxx de rechazo a lo sucedido, cuando precisamente ellos tiene gran parte de la responsabilidad de que en Colombia haya una justicia inoperante.

La libertad de los militares ha sido posible por las maniobras dilatorias de los abogados que los defienden y por las dudosas actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura, cuya obsecuencia ante el gobierno es tan desembozada que el Presidente de la Corte Constitucional lo calificó como un “órgano descompuesto” y el propio Procurador General de la Nación ha dicho que “hay que tomar decisiones y devolverle la credibilidad a la Judicatura”.

 

La opinión democrática del país debe movilizarse y pedirles al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ala comunidad internacional ejercer una estrecha vigilancia para que los responsables de crímenes tan atroces, como los “falsos positivos” no vayan a escapar a la justicia y para que la impunidad no continúe amparando a quienes violan los derechos humanos en nuestro país.

 

 

Bogotá, D.C., 15 de enero de 2010

Los Directivos del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Sintraelecol Seccionales Valle del Cauca, reunidos en Plenaria Departamental en la ciudad de Cali, el 16 de enero de 2010, declaramos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. Rechazamos categóricamente la decisión tomada por el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, que en uso de su poder instalo investigación disciplinaria por Farc-política contra el Senador Jorge Enrique Robledo y el Concejal de Bogotá Jaime Caicedo a pesar de no existir ninguna prueba válida contra ellos.

2. Con esta investigación el Procurador busca deslegitimar a quienes de manera gallarda han enfrentado el régimen fascista instalado en Colombia, arremetiendo contra sus adversarios ideológicos y con ello fortaleciendo al desprestigiado uribismo infestado por parapolitica para las próximas elecciones de Congreso y la mejor manera es someter a una investigación sin piso probatorio a la izquierda democrática que talla a su patrón.

3. No se equivocaron quienes desde la izquierda avizoraban el terrible periodo de la Procuraduría en mano de la Ultraderecha religiosa, porque se sabía que con ella venia el macartismo, precisamente en la campaña hacia el Congreso tratando con ello de perjudicar a los principales adversarios del régimen corrupto que gobierna a Colombia.

4. Es también la represalia de la ultraderecha anidada en el poder por la posición coherente y vertical del Senador Robledo y el Concejal de Bogotá Jaime Caicedo, contra las políticas de entrega de la Soberanía de Uribe al Imperio gringo otorgando territorio para las instalaciones de las bases militares que no dudamos que se utilizaran para agredir a los gobiernos progresistas de América Latina en el momento oportuno para sus intereses hegemónicos; sus oposición a la política de Seguridad Democrática, a los debates por la corrupción de funcionarios del Gobierno de Uribe en ayudar a enriquecer a sus hijos, la corrupción de la entrega de Agro Ingreso Seguro; los debates por la firma de los TLC con EE-UU, Europa y Canadá y las denuncias de corrupción que se han presentado en cantidades alarmantes en este gobierno putrefacto.

5. En el fondo lo que se busca es acallar la voz del Senador Robledo y el Concejal Caicedo, marginando a la izquierda democrática del debate político y con ello fortalecer una oposición Light, débil, como le gusta a la burguesía colombiana.

6. En consideración de lo anterior, exteriorizamos al Senador Jorge Enrique Robledo y al Concejal de Bogota Jaime Caicedo, nuestra respaldo y solidaridad de clase para vencer las encrucijadas del régimen uribista y los exhortamos a seguir adelante con la esperanza de que nuestro país logre la emancipación del Imperio Gringo, convertido hoy en su colonia.

 

Fraternalmente,

 

Juntas Directivas Sintraelecol Seccionales Valle

 

Uriel Nuñez P. Gustavo Vásquez A. Carlos A. Murcia S.

 

Presidente Cali Presidente Palmira Presidente Dagua

Juan Carlos Vallejo*

¡Aquí estamos y aquí nos quedamos!

Ni Radio Café Stereo ni ANNCOL cesarán en su empeño de denunciar y opinar sobre lo que los medios cómplices de la narcodemocracia colombiana ocultan para beneficio del narco número 82 y una pequeña oligarquía infame, corrupta y asesina. Hemos sido los únicos medios realmente independientes en Colombia. Por eso nos atacan cibernéticamente y difaman cada vez que destapamos un nuevo escándalo en el narcogobierno de los escándalos o cuando publicamos lo que otros se niegan a publicar.

 

Como hemos dicho cientos de miles de veces, no somos de las FARC-EP ni somos financiados por ellas, pero comprendemos su lucha. Publicamos sus comunicados como publicamos cualquier información que consideramos de valor periodístico. Muchas noticias sobre las FARC-EP las tenemos que citar por fuentes de otros medios alternativos, oficiales o de la gran prensa, porque a nosotros nunca nos llega. Pero eso no lo reconocen nuestros viscerales acusadores.

 

Tampoco cerramos los ojos ante la realidad colombiana. Ni mucho menos ante un conflicto agrario, social y económico que desangra al país por más de 60 años. Somos el resultado de la persecución al disenso y la exclusión social en Colombia. Nos condenaron a una muerte en vida, como es el exilio, por no arrodillarnos, por pensar y por decir “NO”. Pero ni eso podrá acallar nuestras voces y detener nuestra pluma. Gracias a la solidaridad de periodistas y ciudadanos extranjeros nacieron ANNCOL y Radio Café Stereo.

 

Ahora pretenden en Colombia criminalizar a quienes nos escuchan y leen, como bien lo denunció la periodista María Jimena Dusán. ¿Así de miedo nos tienen? ¿Cómo es que dos sencillos medios alternativos ponen a tambalear a un narcogobierno? La respuesta es simple: Dignidad y Verdad. Dignidad, porque estamos con la lucha de los pueblos y, como el cariño verdadero, ni nos compran ni nos vendemos. Verdad, porque es nuestro compromiso romper con el cerco mediático informativo que oculta, distorsiona, manipula y desorienta a la opinion pública. Somos fuente creíble de información incluso para quienes nos persiguen. Y ya eso es decir mucho.

 

Tenemos el deber de advertir que el Complejo Industrial Militar mundial busca desesperadamente un conflicto en América Latina para continuar con su negocio de la guerra y la serie de crímenes atroces en nombre de “la democracia y la libertad”. El capital corporativo quiere adueñarse de nuestros ricos recursos naturales, en especial del agua (ya se apropió del petróleo y otros muchos más). Graves denuncias nos han llegado sobre la entrega de nuestros páramos, nevados, manglares y humedales al capital transnacional.

 

Esta entrega de nuestros recursos naturales a las corporaciones, como lo hace el narco #82 a cambio de que el imperio no lo encarcele como a Noriega o lo cuelgue como a Sadam Hussein, va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos y del patrimonio ecológico del país. “Varito” ha condenado a los pobres a una muerte segura y a la clase media a su desperation. “Varito” ha entregado el país para salvar su pellejo.

 

 

Población será de 7 mil millones en 2011

Hace cien años el planeta tierra tenía 1.500 millones de habitantes. Si la paridera no para, las proyecciones indican que para el 2011 tendremos 7 mill millones.

 

El informe de 2009 de la Oficina de Referencia Demográfica, en su Reporte de Datos sobre Demografía Mundial, confirma la preocupación sobre el futuro del planeta con una carga de tantos y tan peligrosos depredadores como son los seres humanos.

 

Para el 2050, India tendría 1.700 millones, superando a China que llegaría a 1.400 millones. Estados Unidos ocuparía el tercer puesto con 439 millones.

 

Y la Iglesia Católica Romana y los grupos cristianos, que se sustentan en el engaño a pobres e ignorantes, impidiendo el control de la natalidad. El más antiguo y dañino cordón umbilical de Latinoamérica con el colonialismo europeo es la Iglesia Católica de Roma, gran soporte de las rancias y explotadoras oligarquías y auspiciadora de los golpes de estado, torturas y desapariciones forzadas en América Latina.

 

AVATAR y la invasión a Venezuela

La escena se presenta a los siete minutos de iniciar la película: Corre el año 2154. El coronel “Miles Quaritch” (un militar que hace el papel de los malos de la película) levanta pesas en un pequeño gimnasio y en ese momento llega en su silla de ruedas el exmarino llamado “Jacke Sully” (que hace el papel de los buenos de la película). El coronel le está hablando sobre el planeta “Pandora”, al que invadirán para robarle un importante metal que hace parte de sus recursos naturales y le dice que lo someterán como “Venezuela fue sometido por Bush”. Se oye muy clara esa frase en la versión original en inglés.

 

La película tuvo su proceso preproducción, producción y postproducción cuando George W. Bush era presidente. Tal vez se daba como un hecho real que Bush se ocuparía fácil de Venezuela. Quizás por ello se incluyó dentro del libreto. Mas no se contaba con el descalabro económico y militar en Irak ni tampoco con la reacción heroica del pueblo venezolano durante el Golpe de Estado de 2002 y el Sabotaje Petrolero y económico.

 

Un detalle: Quién financió el rodaje fue la “20^h Century Fox”, compañía cuyo propietario es nada más y nada menos que Rupert Murdoch, quien a su vez es dueño del canal “FOX News” y del “Wall Street Journal”, ambos viscerales enemigos de la Revolución Cubana y Bolivariana. Estos dos medios envenenan diariamente a la población estadounidense con las más infames mentiras sobre los países con gobiernos de izquierda.

 

Además, si ustedes detallan los paisajes del planeta “Pandora”, estos tienen un enorme parecido a la región de Tepuy en Venezuela. Una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo.

 

Hay más: Los planos en tercera dimensión que se levantan sobre la región que van a invadir (“Pandora“), son los mismos sofisticados planos que se hacen con las cámaras montadas sobre los aviones espías no tripulados llamados “DRONES” (de los cuales uno ya cruzó los cielos de Venezuela). Según la revista “Defense Systems” la nueva versión de estos aviones, el Reaper MQ-9, tendrán un sensor llamado “Gorgon Stare” que permitirá ver el relieve quebrado (como el de Colombia, Afghanistan y Paquistán) desde distintos ángulos al mismo tiempo, enviando hasta 65 imagénes al mismo número de operadores en forma instantánea.

 

Pero, volviendo al tema de la película, es bien interesante que el imperialismo con toda su tecnología y poder militar, pierde una guerra ante un pueblo mal armado pero unido dignamente por la defensa de sus recursos naturales y soberanía. Nada más que por eso, vale la pena ver la película.

 

Capturado estadounidense en Cuba

Informa el periodista Edmundo García desde Miami que un subcontratista al servicio del Departamento de Estado de Estados Unidos fue capturado cuando repartía teléfonos celulares, teléfonos satelitales, computadores y GPS para la “oposición” en Cuba.

 

La actitud del capturado, respaldada por el Departamento de Estado, pone en entredicho la sinceridad de las palabras del presidente Obama en Trinidad y Tobago y se suman a una serie de errores históricos de la política exterior estadounidense frente a América Latina.

 

Cerca de cumplir apenas un año, bajo el gobierno del presidente Obama se ha dado un Golpe de Estado en Honduras y se reconocieron unas elecciones fraudulentas; se sigue hostigando a Cuba, sigue abierta la prisión de Guantánamo, los estadounidenses tienen prohibido viajar a la isla; se hostiga a Venezuela, se establecen 7 bases militares en Colombia; se habla de Golpe de Estado en Paraguay, de “rebelión” en Nicaragua y se amenaza a la presidenta de Argentina.

 

 

Vieron a un Lobo en Miami

El mismo periodista Edmundo García afirmó que un Lobo se vio en Miami el pasado fin de semana. Hay fotos. Ese Lobo llegó calladito y se reunió con los terroristas del exilio anticubano de Miami. Se sentó a manteles en el restaurante Versalles y tuvo reuniones con lugartenientes del confeso terrorista Luis Clemente Posada Carriles. La gran prensa ocultó el hecho.

 

Recuérdese que Honduras es la plataforma para desestabilizar gobiernos en América Central. Que lo diga Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

 

Este hecho es muy grave, no sólo por la clandestinidad de la visita sino por el prontuario de los personajes. Algo muy grave se está calentando contra los pueblos de Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

 

Iglesia Católica ayudó a planear golpe en Honduras

En la noche del 15 de febrero de 2009, las Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica Hondureña y Venezolana decidieron apoyar el Golpe de Estado que se concretaría finalmente el 28 de junio de ese mismo año.

 

Según sostuvo una fuente del clero hondureño que se apartó del siniestro acto, también el Vaticano conoció de los planes golpistas y dejó “en las manos de Dios” el desenlace. El Cardenal, Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, conocía de los planes de sectores gremiales, militares y políticos para derrocar por la fuerza al gobierno de Zelaya, pero no tenía todo el apoyo de la Conferencia Episcopal.

 

La Iglesia estaba muy molesta con el presidente Manuel Zelaya porque había permitido la venta y distribución de “la píldora del día después”. Los golpistas estaban esperando el apoyo de la Iglesia Católica para adelantar el golpe. Fue así como monseñor Rodríguez Maradiaga utilizó esta situación para presentar ante los demás miembros de la Conferencia Episcopal y el Vaticano, que el Golpe de Estado era la única vía para salir de Zelaya, amigo del aborto. Sin embargo, hubo voces disidentes que pidieron dialogar con el presidente Zelaya primero y buscar un golpe incruento después si Zelaya no cedía. El real miedo del establecimiento hondureño era contra el referendo y no tanto contra la píldora.

 

En Mayo 31 de 2009, la diputada Martha Lorena Alvarado presentó un Proyecto de Ley para prohibir la píldora. Esto tenía por efecto demostrarle a los miembros del Episcopado que Zelaya era un amigo del aborto. Zelaya vetó el decreto, como se esperaba.

 

El primero de Junio de 2009, por casi tres horas, una delegación de la Conferencia Episcopal se reunió con el presidente hondureño, pero ya la decisión del Golpe estaba tomada. La Iglesia también le planteó a Zelaya la necesidad de retirar la consulta popular que le facilitaba su continuidad en el poder porque violaba la constitución. Pero Zelaya fue claro en que él no estaba corriendo por un nuevo período. De nada valió la explicación del presidente.

 

Dice la fuente que después monseñor Oscar Rodríguez telefoneó a la Conferencia Episcopal en Venezuela para decir que el golpe iba y que necesitarían apoyo para que la Iglesia hondureña no se viera directamente involucrada.

 

El 10 de Julio de 2009, la 92 Conferencia Episcopal de Venezuela, en rueda de prensa dijo:

 

“Nos duele la crisis político social del hermano país de Honduras, pedimos al Señor que el pueblo hondureño encuentre la reconciliación a través del diálogo, la sanación de sus heridas y el camino del proceso democrático, ‘sin presiones unilaterales de cualquier tipo’ (Cf Comunicado de la Conferencia Episcopal Hondureña, Edificar desde la crisis), respetando la soberanía de ese país”.

¿Cómo se manipula una noticia?

Vean ustedes cómo se prepara el aguaje para ensuciar a las FARC-EP, darle estatus de “grupo terrorista internacional” y justificar la presencia imperial en Colombia. Esta es la forma como la prensa de Estados Unidos manipula la información. Y eso que yo considero a Gerardo Reyes un periodista serio. El titular es contrario al contenido de la noticia (no creo que Reyes lo titulara). No fueron las FARC-EP quienes buscaron a Al Qaida o que éstas a las FARC-EP. Fue un “informante” que se hizo pasar por “emisario” de las FARC-EP. Es como que alguien se hiciera pasar como “emisario” de la CIA o la DEA para comprar opio, coca o armas a “Varito”. Tal vez le fuera mejor y el negocio se concretara. Recordemos el caso Irán-Contras y los negocios sucios con opio del hermano de Karzai con la CIA.

 

Al Qaida intentó traficar con las FARC

Por GERARDO REYES
El Nuevo Herald, Miami, Florida

 

Un informante del gobierno federal de Estados Unidos, que simulaba ser emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convenció a colaboradores del grupo terrorista Al Qaida de transportar a Europa un cargamento de cocaína, según una acusación radicada en Nueva York.

 

En lo que constituye la primera vez que asociados de Al Qaida han sido acusados de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, la imputación menciona a tres hombres que presuntamente estaban decididos a ayudar a las FARC en el trasiego de 500 a 1,000 kilos de cocaína por un largo corredor geográfico que arrancaba en Ghana y terminaba en España.

 

Los acusados, Oumar Issa, Harouna Touré y Idriss Abelrahman, fueron detenidos en Africa y deportados a Estados Unidos.

 

De acuerdo con la acusación, lo tres alardearon de sus conexiones con líderes del grupo islámico terrorista que controlan rutas a través de desiertos y varios países africanos, lo cual facilitaría el paso de la droga.

 

En su esfuerzo por granjearse la simpatía de los transportadores, el supuesto emisario de las FARC les comentó que esa organización también combatía a Estados Unidos.

 

"El informante confidencial le dijo a Issa que trabajar con los colombianos no sólo sería lucrativo sino que generaría dinero para la causa común'', señaló el informe firmado por Daria Luppachino, agente de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

 

Issa se identificó como un facilitador de una organización al margen de la ley que opera en Togo, Ghana, Burkina Faso y Mali.

 

En conversaciones que se realizaron a mediados de este año, el informante logró además que Touré le ofreciera colaboración a las FARC en secuestros para obtener dinero. El informante sostuvo que pertenecía al radicalismo libanés.

Touré, quien se identificó como el cabecilla de una organización criminal que trabajaba con grupos afiliados a Al Qaida en el norte de Africa, afirmó durante conversaciones grabadas secretamente que había participado en operaciones de tráfico de drogas bajo la supervisión de ésta.

 

Aunque el reporte en respaldo de la acusación no refleja ninguna referencia de los acusados a operaciones conjuntas con las FARC en el pasado, la alianza de Al Qaida con transportistas de drogas preocupa a Estados Unidos.

 

"Las acusaciones de hoy reflejan una preocupante alianza entre Al Qaeda y traficantes transnacionales'', dijo el fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara. ‘‘Continuaremos trabajando con nuestros amigos de la DEA, en Ghana, y alrededor del mundo para enfrentar la amenaza que ofrece el narcoterrorismo a nuestra seguridad nacional''.

 

Los acusados afrontan cargos de conspiración de narcoterrorismo. De ser hallados culpables afrontan penas de 20 años a cadena perpetua.

Alcalde de New York violó Constitución para ser reelecto

Michael Bloomberg cambió leyes de New York para ser reelecto por tercera vez como Alcalde y fue reelecto el pasado martes 3 de noviembre.

 

Según los denunciantes:

 

1. Nunca se llamó al pueblo de New York para preguntarle en un referendo si querían o no que él siguiera como Alcalde o si autorizaban el cambio de la Constitución de la ciudad.

 

2. La Ley Estatal, que fue establecida por un referéndum de 1990, sólo permitía dos términos en el cargo y por ende toda enmienda tenía que ser a través de referéndum y no mediante acto legislativo.

 

3. Había un conflicto de intereses pues el legislativo no podia modificar la norma pues ellos mismos eran los principales beneficiarios de la misma.

 

¿Será que quienes maquinaron y apoyaron el Golpe de Estado contra Zelaya en Honduras bajo esta excusa, harán lo mismo contra Michael Bloomberg? ¿Se ha convertido el Alcalde de New York en un “dictador”?

 

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*Escritor y analista político internacional.

por Camilo Raigozo / La junta de acción comunal de la vereda El Paraíso, municipio de Arauquita, Arauca, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que el pasado 19 de diciembre, unidades del Ejército, el DAS y las estructuras de apoyo a la Fiscalía, con sede en la Brigada 18 del Ejército, realizaron una captura masiva de campesinos.

En esta ocasión las víctimas son los labriegos Eudoro Antolinez Medina, Diomedes Ramírez Azcanio, Javier Higuera Rueda y Pablo Gamboa Rey, actual tesorero de la junta de acción comunal.

Las cuatro nuevas víctimas de la política de seguridad democrática de Uribe, son humildes campesinos afiliados de la junta de acción comunal de la vereda desde hace varios años, según la denuncia firmada por más de 30 pobladores.

“Aclaramos que estos labriegos no son delincuentes o bandidos, ni mucho menos son colaboradores de grupos armados al margen de la ley, como lo ha afirmado el comandante de la Octava División del Ejército, lo cual es una vil calumnia”, dice el documento.

La comunidad está convencida de que el Ejército fabricó este montaje jurídico teniendo en cuenta las acusaciones del conocido delincuente Carlos Montoya, alias “polvorita”, el cual es un informante a sueldo.

“Para nosotros es un abuso, un falso positivo jurídico que ha inventado el Ejército en su empeño por estigmatizarnos y así terminar de arruinar al campesinado de la zona”, aseveran los campesinos.

La comunidad araucana, afectada por las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales bajo la política de “seguridad democrática”, exigió que la justicia respete el debido proceso y el derecho a la defensa de las víctimas a las cuales debe poner en libertad inmediatamente.

 

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