Agosto 31 de 2010 / Esta aseveración se desprende del libro lanzado por la investigadora y politóloga Claudia López.

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe "cogobernó" durante ocho años con el "narcoparamilitarismo" , período en el que esa mafia se legitimó política y económicamente como no lo había hecho antes, pese a que ese fenómeno nació hace más de dos décadas.

Así se revela en "Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano" (Debate 2010) , una publicación ofrecida en la presente Feria del Libro de Bogotá.

Tres años de investigaciones que han llevado a los autores, pertenecientes a cinco instituciones y coordinados por la analista y escritora Claudia López, a determinar que si bien distintos grupos ilegales intentaron secuestrar al Estado sólo los "narcoparamilitares" casi lo lograron.

"Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido" , señala López.

Prueba de ello fue la alta representación de esas mafias en el Legislativo durante la era Uribe, cuando 102 congresistas fueron vinculados a grupos al margen de la ley.

De ese centenar, cinco habrían tenido supuestos nexos con las guerrillas y de ellos ninguno ha sido condenado, mientras que a 97 se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están condenados, diez procesados y el resto bajo investigación.

Esos congresistas vinculados con los paramilitares suponían el 55 por ciento de la bancada uribista en el Senado, aclara López.

No obstante, la investigadora recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como fuerzas civiles contra-guerrilla envueltas en el negocio de la droga, y que fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.

Los paramilitares facilitaron la caída del capo Pablo Escobar, líder del ahora extinto cartel de Medellín, al tiempo que nacían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el germen de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , un proyecto que se impuso a nivel nacional una vez desmantelados los grandes carteles de Medellín y Cali, según López.

Para 2002, cuando Uribe llegó al poder, el "narcoparamilitarismo" ya había dominado y cambiado el mapa político en varias regiones amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que más allá de buscar protección frente a las guerrillas vieron en esas mafias una forma de defender sus intereses.

Tales intereses iban desde eliminar a sus contrincantes políticos hasta hacerse con tierras despojadas a los campesinos, acciones acompañadas de grandes masacres.

"Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública, son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las elites y un reconocimiento social" , detalla López.

En 2002 "se sumaron masivamente al proyecto político y electoral uribista" , dotándoles de "un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes" , matiza.

"Llegaron a tener la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)" , de la mano de Jorge Noguera, hoy procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña presidencial de Uribe.

Según la escritora, "ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de coptar al Estado" cuando el país afrontaba una realidad aterradora.

"Colombia, en democracia, tuvo más desaparecidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas" , asegura López.

En 20 años se acumulan "más de 31.000 desaparecidos y 165.000 homicidios por el conflicto y motivaciones políticas" , a su juicio, "una historia de sangre a punta de bala".

"El narcoparamilitismo refundó las mayorías políticas en Colombia y sus fuentes de legitimidad. Se pasó de mayorías bipartidistas de tendencia liberal a mayorías de narcotraficantes" , explica sobre el contexto en el que ese grupo ilegal se hizo fuerte.

Ahora, el reto "es reconstruir la democracia de forma legítima, reconstruir el Estado para que actúe en función de los ciudadanos y no de intereses criminales" , teniendo en cuenta que "las fuerzas del paramilitarismo en Colombia siguen vivas" , pese a que han pasado de tener 35.000 hombres en armas a 10.000.

Otro desafío es acabar con "los altos niveles de impunidad" , porque "algunos paramilitares la han pagado, políticos la han pagado, pero ni las fuerzas económicas ni las fuerzas militares, que hacen parte de esa estructura de poder, la han pagado" , matiza la escritora.

Eso sin contar que en el nuevo Congreso, elegido en marzo de 2010, hay 29 senadores que están siendo investigados o son "herederos" de la denominada "parapolítica" , es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito.

Hernando Calvo Ospina es un escritor colombiano, residente en Paris y colaborador permanente de “Le Monde Diplomatique”. Entre otros, ha publicado: "Disidentes o mercenarios" (1998), "Ron Bacardi: La guerra oculta" (2000), "Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado" (2008) y “El equipo de choque de la CIA” (2009).

Manola Romalo: El 7 de julio, en Berlín, el actual presidente colombiano Manuel Santos afirmó que los éxitos de su predecesor Álvaro Uribe, con la estrategia de la “seguridad democrática” permitirán a su gobierno concentrarse en el “desarrollo social, la lucha contra el paro y la pobreza.” ¿Qué logró Uribe?

Hernando Calvo Ospina: Durante su primera campaña presidencial, Uribe Vélez ofreció acabar con la guerrilla en los seis primeros meses. A pesar de la muerte de algunos de sus dirigentes y cuadros, pasaron ocho años y la insurgencia sigue con sus estructuras intactas, además de preservar su presencia nacional, tal como aseguró la Cruz Roja Internacional en su informe de este año. Lo de acabar militarmente con las guerrillas se lo han propuesto todos los presidentes desde 1964, fecha en que se intentó por primera vez vencer a un reducto de 50 campesinos y campesinas que exigían paz y tierras. A pesar del inmenso apoyo militar de Estados Unidos y de 16.000 soldados de las fuerzas militares colombianas, ese grupo no fue derrotado y dio nacimiento a las FARC.

Es que se ha priorizado la salida militar a un conflicto político y social. A la partida de cada presidente, las guerrillas están más fortalecidas porque la violencia del Estado se dirige sobre todo contra la población civil, por lo cual Colombia desde la década de los ochenta es uno de los prinicipales violadores de los derechos en el mundo, según la ONU y otras instancias internacionales. Este terrorismo de Estado tiene al país como el segundo con más desplazados del planete, unos 4 millones de personas; el primero en detenidos-desaparecidos y el primero en asesinato de sindicalistas. Esto y el aumento de la miseria -Colombia es el segundo con más desigualdad social y económica del mundo-, ponen en brazos de la guerrilla a los jóvenes. El Estado sólo les deja como opción dejarse asesinar por las Fuerzas Armadas o sus paramilitares, morir de hambre o empuñar las armas. Bueno, también tienen la posibilidad de participar de alguno de los eslabones del narcotráfico...

Entonces la llamada “Seguridad Democrática” no podía, ni puede, dar frutos en su estrategia de acabar con la guerrilla, porque este gobierno profundizó la violencia y las desigualdades sociales.

¿Cuál es el origen social del presidente Manuel Santos?

El nuevo presidente, Santos, proviene de la gran oligarquía tradicional, la misma que empezó la violencia política en los años cincuenta. Lo que Santos va a intentar es devolverle a ella el poder económico y político que casi perdió ante la nueva oligarquía, la emergente, esa que surgió con el narcotráfico, y cuyo representante fue Uribe Vélez.

En un noticiero del primer canal de la televisión público alemán, ARD, afirmó el 22 de julio: “En realidad, las grabaciones no dejan ninguna duda sobre la existencia, tal vez desde hace años, de campamentos de las FARC” en Venezuela. ¿Qué pruebas existen?

Ninguna institución internacional, empezando por la Organización de Estados Americanos, OEA, ha tomado en serio las “pruebas” que presentó el gobierno colombiano. Sólo la gran prensa mundial, que reproduce lo que redactan las agencias en Washington y Madrid, ha dado como verídico todo ello.

Las fotos que el gobierno colombiano mostró sobre presuntos campamentos guerrilleros de las FARC en Venezuela se pueden hacer en cualquier parque de Paris o Nueva York, durante un asado familiar. Cualquier persona con un mínimo sentido de lógica puede constatarlo. Mucho más un periodista si tiene algo de ética profesional. Las coordenadas de satélite se fabrican. Eso le queda muy fácil al gobierno.

Iván Cepeda confirmó el martes 17 de agosto fue remitido a la Corte Penal Internacional el primer proceso en el cual, tras dejar el poder, fue absuelto el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

La plenaria de la Cámara de Representantes decidió archivar un caso en el cual el ex Jefe de Estado era procesado por injuria y calumnia, luego de que en 2002 -durante un Consejo de Seguridad en Carepa (Antioquia)- el ex presidente acusó de auxiliadores de la guerrilla a la comunidad de San José de Apartado y al padre Javier Giraldo. Tras esto fueron asesinados 20 habitantes de ese municipio.

Al conocer dicha declaración lo demandan ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia; pero llegando a la determinación final de este martes.

Por eso, el Polo Democrático Alternativo solicitó las copias de dicho caso y anunció su inmediato envío a la Corte Penal Internacional.

El representante Iván Cepeda explicó que ésta sería la primera vez que una investigación que termina archivada de la Comisión de Acusaciones de la Cámara va a parar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

"Esperábamos que se actuará en justicia y que la plenaria devolviera el expediente para que se diera una investigación (...) no pedíamos que se declarara culpable al ex Presidente sino que se practicaran las pruebas pero esto nunca se dio", señaló Cepeda.

Según él, esto demuestra que "no se está haciendo la tarea" de juzgar a altos responsables del Estado; por ende se hace necesaria la intervención de la CPI.

A través de la Corporación Justicia y Dignidad, 179 familias campesinas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, solicitaron a la CIDH, la protección de su derecho a la vida, la integridad personal, así como el derecho a retornar a su territorio en condiciones de dignidad ante las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho Internacional Humanitario que se han venido presentando en sus territorios durante 2009 y 2010.

Múltiples han sido los daños ocasionados por el Ejercito Nacional en contra de las beneficiarios de las medidas cautelares, entre los que se destacan atentados en contra de la integridad personal, a la libertades y la destrucción de bienes civiles en medio de combates entre el ejército y la guerrilla. Los campesinos MILEYDI MORENO RESTREPO y sus menores hijos, fueron secuestrados por efectivos militares y trasportados en helicópteros artillados hacia un departamento vecino; Igual suerte corrió JOHN JAIRO TORRES MONTES, quien fue vendado, esposado y acusado de guerrillero y fue objeto de ofrecimiento de que se vinculara al programa de reinserción.

La destrucción del acueducto veredal en medio de los combates y la ocupación frecuente de la escuela por parte del ejército, lo cual ha sido impactada en varias ocasiones por artillería, ha puesto en riesgo la vida de más de 160 niños y niñas.

Las amenazas, persecución, señalamientos y allanamientos ilegales contra a los líderes campesinos RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE, han sido constantes, por el solo hecho de haber organizado a sus comunidades para la denuncia pública y la acción política. Hoy se encuentran en condición de desplazamiento forzado.

El 13 de marzo de 2010, el ejército intentó hacer pasar por un guerrillero dado de baja en combate, al joven campesino LIBER CUETIA, que de no ser por la oposición de las comunidades organizadas que arrebataron el cadáver a los efectivos militares, se habría convertido en otro mal llamado “falso positivo”.

A pesar de que el Estado de Colombia, conocía del trámite de las medidas cautelares, continuaron los atropellos por parte de los militares contra las comunidades campesinas: El 4 de junio fue herida de gravedad por un tiro de fusil la menor de 17 años VERONICA TROCHEZ, el cual impactó cerca a su columna vertebral y le salió por el abdomen.

El 27 de julio mientras el campesino TOBIAS SANCHEZ se dedicaba a labores agrícolas, a plena luz del día, fue víctima de un atentado, por parte de miembros del ejército que dispararon contra su humanidad, impactando un tiro de fusil en su cabeza.

Los beneficiarios de las medidas cautelares, son familias campesinas que históricamente han poblado estos territorios, y que en este momento padecen una de las más duras crisis humanitarias, por el hecho de encontrarse ubicados en las zonas donde el Estado ha implementado una fuerte estrategia militar.

Contrasta el otorgamiento de estas medidas cautelares, con el pronunciamiento del recién posesionado presidente de la república JUAN MANUEL SANTOS que el mismo dia en Popayán Cauca, dio la orden de “arreciar, arreciar y arreciar” el conflicto en el departamento del Cauca, principalmente la zona norte en donde se encuentran ubicados las familias beneficiarias de las medidas cautelares. Ojala el Estado colombiano cumpla con los tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que le son vinculantes y garantice el derecho a la vida, la integridad y permita a estas familias campesinas vivir en dignidad.

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

Caloto Cauca 14 de agosto de 2010

La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún mas las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó -incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consiguió en sus 8 años de presidencia.

Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas -respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.

Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com/) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia.

Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)

Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.

Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

"Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…)

82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"

Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).

Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).

El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.

No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas.

Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).

Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.

Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.

La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".

Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.

No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.

En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.

Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.

El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino.

Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluído el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:

"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los "crímenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:

"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".

Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:

"Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"

y 14 del estatuto:

"Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."

necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"

El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate"

De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.

"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.

En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.

Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):

"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.",

o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional:

"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicación material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".

Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:

"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."

En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.

La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.

De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.

El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.

Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.

Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".

Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.

No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)

Por: Miguel Suárez (información en proceso)Una bomba estallo en la carrera 7 con 67 de Bogotá, en cercanías del estudio de Caracol radio, llamada “Paracol”, por el pueblo colombiana.

La bomba estallo alrededor de las 6 de la mañana. Dario Arismedi, director de la cadena radial fue sacado inmediatamente del lugar por sus escoltas. Hay que recordar que Arismendi tuvo que salir del país debido a amenazas de muerte cuya autoría nunca fue plenamente aclarada.

En los últimos días Arismendi había colocado un tono antiurbista a sus palabras, lo que puede ser el motivo del atentado.

Resulta por demás sospechoso que a solo algunos días de haber dejado el narcotraficante numero 82, de ser presidente de la oligarquía colombiana se produzca este hecho, que hace recordar los primeros días de gobierno de Uribe donde de bomba en bomba, que ahora se conoce colocaba el Das, tomaban mas y mas medidas antipopulares.

Hasta el momento no han adjudicado la autoría a las Farc-EP, pero estamos seguro lo harán en una horas.

Luis Ernesto Almario. Exclusiva . RADIO CAFÉ STEREO. 10/08/2010. Sydney, Australia. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar y la nueva Cúpula Militar,desautorizaron,propuestas de paz para Colombia.

Santos, Mindefensa, Cupula Militar, rechazaron incluso, misiva enviada por Alfonso Cano, y Estado Mayor de las FARC.EP . desde las Montanas de Colombia,planteando una paz solida sobre la base del dialogo.

Considera el gobierno, que mientras, la insurgencia no abandone las armas, libere a sus secuestrados, sin contraprestacion alguna y se integren a la vida política democrática del país. No habrá ningun dialogo.

Indica el gobierno que por el momento no esta en la agenda, de Juan Manuel Santos, el dialogo para la paz de Colombia con la guerrilla de las FARC,EP.

Enfatizo el presidente Santos, la Cúpula y su ministro de Defensa,quien hizo el anuncio oficial,que las” Fuerzas Militares de Colombia y Policía tenían la orden de arremeter contra el terrorismo de las FARC.EP” .

Rodrigo Rivera Salazar, al termino de la primera reunión cumbre ministerial y altos mandos, anuncio por los medios del sistema la fatídica noticia al pueblo colombiano.

Informaciones de ultima hora indican que mientras el nuevo mandatario Juan Manuel Santos asumía el mando patrullas militares y agentes de la fiscalia irrumpieron a bala en la región de Chaparral (T).

Radio Café Stéreo, como se recordara había echo claridad sobre el nuevo gobierno de , Santos, era otro mas de la oligarquía colombiana, continuista, sanguinario militarista, de la obra de Uribe Vélez,

Sangre y fuego contra la insurgencia, miseria, desolación y muerte en los campo veredas y ciudades colombianas hasta aplastar la oposición política,asesinado a sus lideres,como sea.

Continuaran las masacres,genocidios, asesinatos selectivos, masivos, falsos positivos, desapariciones forsozas, encarcelamientos,conculcando derechos humanos, individuales, colectivos ctc.

La oligarquía colombiana continua con las riendas del poder,nada cambia en Colombia, continua la dictadura civil militar del triunvirato del crimen Uribe, Santos Padilla.

Las “Águilas Negras” seguirán su vuelo siniestro, traspasando fronteras, en el exterior amenazando embajadas diplomáticas y en el en el interior asesinando los enemigos del gobierno de turno.

Es de anotar que según se afirma y lo corrobora Santos con sus reuniones secretas con los para militares, es el el jefe el “cerebro gris “ de las” Aves de Mal Agüero”. “Águilas Negras”. Se afirma aquí.

La ofensiva final comenzó con, sus marchas patrióticas en busca de una segunda independencia para Colombia, y el el asedio armado de la insurgencia rebelde.

La negativa de el intercambio humanitario,de millares de prisioneros de guerra en las mazmorras del estado, por los cautivos en combate de las FARC EP. Santos y sus secuaces cercenan el sueno para Colombia.

Educación,trabajo justicia y paz social para el pueblo Colombiano,paz y justicia social, quedaron heridas de sables de hierro colado pero frágil para romper, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARP EP. .

La insurgencia armada existen mientras no se solucionen motivos que la originaron: política, económica, social, defensa de la soberanía nacional,los gringos ya estaban en Marquetalia, 'Plan Lazo” .

Dentro del ya extenso numero de artículos sobre  la  provocación colombiana contra la revolución Bolivariana, muchos de estos apuntan a explicar el suceso,  endilgándole la responsabilidad  a una estrategia coyuntural devenida de los temores Uribistas como forma de desviar su responsabilidad por sus múltiples fechorías realizadas antes y durante sus 8 años de gobierno. Otros apuntan a la maledicencia enfermiza contra sus enemigos de las FARC-EP, que ciertamente lo tienen ad portas de un colapso nervioso al tener que dejar su obra inconclusa sin la cabeza de Alfonso Cano sangrante exhibida en alguna  vía publica.

Con muy pocas excepciones, estos análisis  presuponen que en las postrimerías de su mandato,  el rehén vociferante del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, decidió su último acto autónomo  intentando salvar su pellejo, precisamente armando  un zafarrancho contra la República Bolivariana de Venezuela, sin el c

onsentimiento de Juan Manuel Santos quien fungirá como presidente a partir del

7 de agosto.

Algunas ingenuas reflexiones generalmente  no dialécticas marxistas, caen en semejante simplismo aunque estén bien intencionadas como la Heinz Dietrich aparecida en aporrea,  algunos comentaristas disparan a todos lados queriendo atinar pero desechando  el contexto

interno colombiano. Uribe ya hace parte de  la historia de la criminalidad de la elite colombiana y  pronto pasaran sus actos a ser  enjuiciados  antes de pasar al basurero de la historia, y seguramente a una cárcel, siempre y cuando no  se le atraviese una bala perdida de tantas victimas o enemigos traicionados que dejo en el camino. Es claro que este  muñeco sigue siendo utilizado hasta el  último momento de su gobierno, desmatonándole el camino  a Santos para continuar con el objetivo imperial.

Los hechos hablan por si mismos,  muestran que el montaje  sobre la presencia masiva guerrillera en la mismísima frontera Venezolana, es solo la disculpa apropiada, cualquier otra disculpa  tendría las mismas implicaciones practicas. La decisión  esta tomada desde hace tiempo, el asunto es construir el hecho político que sea avalado por una parte de America latina que produzca cierta cobertura; teniendo en cuenta que los tiempos imperiales se estrechan para “castigar” a su máximo responsable: muerto el rey que viva el rey,   y revertir los procesos autónomos en America Latina: la revolución bolivariana, el ALBA y UNASUR, para que renazca el ministerio de las colonias, como lo sostenía el Che Guevara.

Este estrepitoso y falsario montaje, al amparo de la OEA,  es solo un escalón mas  dirigido a encontrar el momento adecuado para dar el zarpazo y cazar al presidente Chávez, elegido diáfanamente por su pueblo. Van tras él para después ir tras de lo que quede de él. No es al revés, y esto debe quedar muy claro en la conciencia de los revolucionarios del mundo y en los estrategas de la guerra asimétrica defensiva. Los preparativos del cerco militar  a Venezuela conocidos por todos: Colombia, Panamá, Costa Rica; Aruba, Curazao (Holanda), cuarta flota, apuntan a que  su monstruosa  logística de muerte  se utilizara inexorablemente para asesinar al presidente Chávez, sin importar un bledo los centenares de muertos causados, ya habrá tiempo para  explicarlos como daños colaterales; requisito sine qua non  para apropiarse de los recursos petroleros y minerales del pueblo Bolivariano.
Los EEUU, no están dispuestos a asumir una invasión prolongada a Venezuela con Chávez vivo, seria sumamente incierto para sus intereses. No asesinarlo en las primeras de cambio seria empantanarse y levantar a los pueblos de America Latina en su contra en forma inmediata, es destruir su patio trasero que   aceleraría el  necesario colapso del imperio. Guerras atroces contra pueblos indefensos a qui y Allá, no son sostenibles desde ninguna perspectiva   por el imperialismo y sus acólitos en el mundo, dado  el entorno de crisis sistémica del capitalismo mundial,  y  por que definitivamente desenmascararía la naturaleza belicista del imperio en contubernio con el  sionismo corporativista mundial, ante el pueblo norteamericano;  elevaría la conciencia política  y su capacidad de lucha, ello,  el premio novel de la paz, señor OBAMA, no lo soportaría.

Ahora bien, el flanco de Colombia y los preparativos que desde ahí se hacen para penetrar y explotar las debilidades y vulnerabilidades  militares de la revolución bolivariana, apuntan en el mismo sentido de brindar toda la cobertura para que la guerra relámpago imperial (uno a dos meses), cumpla con el objetivo inicial de matar al comandante Chávez; es la otra cara del mismo plan. Cabe destacar que Colombia es incapaz de sostener una guerra siquiera a mediano plazo  contra Venezuela estando el comandante Chávez vivo,  sin  que la oligarquía chovinista  vende patria,  reciba una respuesta inédita por el  pueblo colombiano y sus organizaciones populares y armadas, que hoy  se encuentran en pleno ascenso como legado del gran desastre social Uribista.
El salto cualitativo en Colombia supondría que en corto plazo la guerra de guerrillas se transformaría en una gigantesca guerra patria, contra la oligarquía colombo, mientras en Venezuela su pueblo haría lo suyo con la  venezolana  y sus aliados invasores, ellos lo intuyen, por eso prefieren el golpe de mano encubierto.
La vida del comandante hay que protegerla a como de lugar, es sobre ella que en esta coyuntura se yergue  el futuro independentista de la región Andina de nuestro continente. Sin desconocer los avances en el nivel de conciencia del pueblo bolivariano y venezolano; la vida del presidente Chávez,  nos ahorrara miles de vidas de los mejores hijos de esta parte del continente, pues como el mismo lo señalo, tal tragedia de la guerra  la lamentaran generaciones enteras de colombianos y venezolanos, a la vez que  los yanquis se reirán de la estupidez oligárquica colombiana.

El recambio en Colombia y los planes imperiales.

La  hiena Santos o Chuki como en Colombia  se le conoce al designado presidente de los colombianos  por los  poderes ocultos que tienen secuestrada a Colombia. 
“Caído” el referendo reeleccionista,  es la carta oligárquica mas idónea para continuar la aplicada y vergonzosa política Uribista al servicio del imperio, ungido  por el inmenso odio que le profesa al gobierno bolivariano, y por ser un eficaz miembro de la lucha anticomunista; su macabro prontuario de los falsos positivos, o asesinatos de pobladores de las barriadas pobres de las ciudades colombianas, para mostrarlos sistemáticamente  como guerrilleros caídos en combate,  devenida de  la oprobiosa política diseñada por el y su cohorte Uribista,  de incentivar a las mercenarias fuerzas armadas colombianas para matar guerrilleros o amigos de estos sin mediar ningún tipo de escrúpulo, lo llevaron al solio de la republica de Colombia en funciones pro imperiales.

El nombre del nuevo presidente se conocía mucho antes de que pasaran las elecciones; es preciso aclarar que en Colombia antes de que ocurran las  elecciones, ya se sabe quien es el presidente, estas apenas  son  un formalismo sobreviniente  para legitimar la ilegitima falseada y genocida democracia colombiana.
La propuesta de santos de conformar  un gobierno de Unidad Nacional a nivel interno, entre los que la oligarquía  llama colombianos de bien, o  la suma de todas las tendencias de derecha que odian al pueblo colombiano, extensivas a las organizaciones socialdemócratas y a uno que otro de los que se autocalifican de izquierda democrática,  mas que estar dirigidas a acabar las FARC-EP, son el complemento político interno, que hacen parte del mismo plan imperial,  de ir preparando al pueblo colombiano para la agresión armada a Venezuela. La  oligarquía colombiana necesita internamente una matriz de opinión favorable y necesaria  que justifique la participación colombiana en la agresión a Venezuela. La tal unidad nacional, es pues, un mecanismo mediático político de recomposición del poder para evitar fisuras ante  la aventura contra Venezuela.

La contradicción evidente que tiene la oligarquía colombiana, es creer  que su propia existencia esta en peligro, por la sola existencia del proceso hacia el socialismo en Venezuela. Es un temor  real, es el mismo temor que siente un asesino al percibir  que esta siendo  descubierto que lo  dispone a seguir matando, no repara en escrúpulos.

Dada su naturaleza excluyente, siempre ha negado la democracia económica, social y política  como proyecto para la sociedad; el concepto de la democracia directa a partir del pueblo es intolerable, de ahí,  que todos los gobiernos oligárquicos de los últimos 60 años,  por no regresar  hasta Santander, el que traiciono una y mil veces a Bolívar, han desechado la democracia burguesa  en cualquier sentido como instrumento para disminuir la desigualdad social. Para ellos, la democracia es un exquisito bien de su clase, solo aplicable en sus rebatiñas internas dentro de la alternancia del poder y la repartición del ponque de su gran hacienda, incluido su  rebaño de esclavos; no han reconocido al pueblo como sujeto histórico con derechos; el producto de su practica es la alineación del grueso del pueblo  colombiano, por eso al pueblo,  ante la adversidad solo le quedan los caminos de emigrar, refugiarse, mimetizarse, rebuscarse o  clandestinizarse y luchar  para salvar el pellejo de los embates de la antidemocracia y la represión.

La democracia venezolana les esta pisando los talones, pero en sus cuentas no están las reformas sociales ni los pactos entre contrarios, sus cálculos coinciden totalmente con los cálculos e intereses del imperio: Cero negociación; se refugian en la madre sustituta del imperio, no les interesa para nada el país ni su destino.
Ven enemigos por todas partes, la protesta social a pesar de la infame guerra sucia la llena de terror, más cuando esta se diversifica y se  acrecienta; pero fundamentalmente lloran porque las  FARC-EP y el ELN, reaparecen dinámicas en el escenario de la guerra. En los últimos 2 meses,  se han manifestado militarmente  con hostigamientos y emboscadas en 23 de los 32 departamentos en que esta dividido el país, con una cobertura de sus acciones  en 154 municipios de los 1000 y tantos que tiene el país, a decir de los partes militares que envían a los medios alternativos. Entre mas disminuidas las muestran aparecen mas fortalecidas están, en respuesta a la dialéctica de la guerra colombiana y sus contradicciones no resueltas.

Es sintomático de su propio miedo los nuevos acontecimientos,  la transición que hace el  régimen de su Mesías Uribe al clon de Santos requiere de ajustes y nuevas premisas para justificar la guerra relámpago. Antes que el mismo Uribe, Santos ya había hablado públicamente de la necesidad y urgencia de sacar a Chávez como fuera de Venezuela, todos los planes abortados para asesinar al comandante  no han sido óbice para pararlos;  con su propaganda antiterrorista  ininterrumpida lo intentaran a menos que en el campo interno se les empiece a caer la estantería.

Semejante  arremetida ideológica que se cierne sobre los colombianos tras la ruptura de las relaciones con Venezuela se estrellara con la muralla de los  reales problemas de la gente: Violencia generalizada en campos y ciudades, desempleo, informalidad rampante, bajos salarios, inestabilidad,  carestía encubierta, incredulidad, pillaje, corrupción generalizada, fragmentación, exclusión, estratificación, inmovilidad, ausencia total de oportunidades etc. Con tal legado, no deja de sorprender que hayan  sacrificado  las exportaciones colombianas a Venezuela, seguramente  están convencidos que traerán la presea dorada del crimen del comandante, y  todo volverá a la “normalidad”.
Pretenden demonizar hasta el extremo y  llevar hasta el  paroxismo enfermizo  el odio a la figura de Hugo Chávez, la idea es quitarle su  ¡condición humana!, como lo hicieron  con Sadan Hussein y llevarlo a la condición de monstruo, luego con su muerte dirán que  no mataron a un hombre, mataron a un perro.
Ya es un lugar común en los comentarios de los grandes medios de intoxicación masiva colombianos, que los servicios de inteligencia,  se dirijan a él como animal, chavestia, simio, mandril, bestia, perro, dinosaurio y cuanto epíteto exista. De tal manera que cuando se vea su figura hablando de paz, justicia y progreso etc., la gente no lo quiera escuchar.

Tal lavado de cerebro muestra la decadencia del régimen colombiano y la necesidad histórica de suprimirlo de la conciencia de nuestro pueblo. Reconforta el desprecio cada vez mas generalizado por la obra de Uribe. Sus fechorías cada día más en boga de la gente del común aparecen como una daga que produce perplejidad en la gente. Existe una corriente de gente  inteligente que empieza a sospechar que detrás de lo que hay contra Venezuela es una confabulación. Tal confusión,   debe ser aclarada por el trabajo popular revolucionario lastimosamente por fuera de  las organizaciones electoreras llamadas  de izquierda que no sales de su madriguera y su incapacidad para conectarse con las masas y explicar verdaderamente lo que esta ocurriendo.

El momento exige prender los alertas, es importante leer los artículos de Alan Wood en aporrea y Norberto Bacher en rebelión sobre la coyuntura, hay que construir las defensas ideológicas y políticas comunicacionales, educativas para impedir la  manipulación y prepararnos para la segunda y definitiva independencia, la agresión por venir se debe enfrentar en los campos que ponga los enemigos de los pueblos. El reconocimiento de la beligerancia de los movimientos insurgentes colombianos debe estar acompañado del apoyo material, con este o sin este apoyo, las razones  imperiales y oligárquicas  serán las mismas. Es en Colombia donde se puede disuadir la aventura imperial para asesinar al comandante.
Las razones de las agresiones son económicas, a ellos solo les interesan los recursos, y estos están en nuestros suelos, hay que defenderlos cueste lo que cueste.

¡La solidaridad es la ternura de los pueblos¡

Agencia Bolivariana de Prensa ABP Noticias
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publicado por el International Peace Observatory

Como International Peace Observatory (IPO), organización de acompañamiento internacional en Colombia, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, queremos denunciar que el pasado jueves 22 de julio dos integrantes de la organización fueron ilegalmente empadronados y retenidos durante una hora en la Base Militar de la Esmeralda en el Municipio de Convención (Norte de Santander) por el Batallón Energético y Vial núm. 10 de la Brigada 30 del Ejército de Colombia.

Los hechos sucedieron de la siguiente forma, mientras se realizaba el acompañamiento a la comisión que la Asociación Campesina del Catatumbo había enviado a Bogotá con motivo de la realización de la Marcha Patriótica por la 2a Independencia de Colombia:

⁃ El equipo de IPO pasó a las 18:15 por la citada base con cuatro autobuses llenos de campesinos y campesinas de la región del Catatumbo que regresaban a sus casas tras la Marcha Patriótica. Los militares que en ese momento se encontraban en el retén, bajo el mando del Cabo 1º Collazos, permitieron el paso de los autobuses sin mayor problema.

⁃ Las dos personas integrantes de IPO solicitaron que se avisara a los retenes que hubiera más adelante para que permitieran el paso de los cuatro autobuses, ya que ellos no podían continuar y se quedarían en Convención a pasar la noche.

⁃ En la consulta que realizaba por radio el Cabo 1º Collazos con el Coronel de la base, éste le insistió en que les debía solicitar la documentación y empadronarlos. Anteriormente ellos se habían identificado pero no permitieron el empadronamiento alegando la ilegalidad del mismo.

⁃ El Cabo 1º Collazos solicitó a los integrantes de IPO que entraran en la base a hablar con su Coronel, a lo que no se accedió al considerarse innecesario. Finalmente el Cabo 1º Collazos les solicitó que esperaran allí ya que el Coronel bajaría a hablar con ellos.

⁃ Tras unos minutos de espera, el Coronel llegó al retén con una actitud desafiante y agresiva quién tras escuchar las explicaciones de los integrantes de IPO les solicitó no sólo las cédulas sino también los pasaportes. Tras argumentar que no llevaban los pasaportes ya que con las cédulas de extranjería uno ya está documentado el respondió: “Yo soy aquí la autoridad y les puedo solicitar lo que quiera”.

⁃ Finalmente y viendo que no se querían escuchar los argumentos que se esgrimieron para evitar el empadronamiento, los integrantes de IPO tuvieron que entregar sus cédulas y aceptar ser empadronados. El Coronel José Bustamante, al que hubo que solicitar varias veces que por favor se identificara, reiteró numerosas veces el desconocimiento de la Legislación Colombiana por parte de IPO bajo el argumento de que estaban en una Zona de Orden Público, donde al no haber Policía Judicial el Ejército estaba autorizado a empadronar a quién quisiera.

⁃ A las 19:15 se permitió a los integrantes de IPO a abandonar la base y dirigirse a Convención donde iban a pasar la noche.

Como observadores internacionales conocen muy bien sus derechos, y saben que el empadronamiento es una función de la Policía Judicial. El establecimiento de Zona de Orden Público no autoriza al Ejército a realizar este tipo de acciones. En el año 2004 la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las Zonas de Rehabilitación y Consolidación donde sí se les daban este tipo de atribuciones (sentencias: C. 8 16/2004, C. 8 17/2004 y C. 8 18/2004).

Por ese motivo exigimos:

⁃ Explicaciones a las autoridades colombianas de porque estos hechos se siguen produciendo.

⁃ Que se cumpla la Legislación colombiana y se respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en todas las regiones del país. Ya que si esta situación fue vivida por dos Cooperantes Internacionales con todos sus papeles en regla y conocimientos sobre sus derechos, no queremos pensar lo que sucede con la población que vive en esa zona y que en numerosas ocasiones han manifestado que sus cédulas han sido radiadas, sus nombres apuntados y sus caras fotografiadas en la citada base.

Por Luis Alberto Vanegas, Director Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad

CUT, Bogotá, 26/07/10.- El Tribunal Interamericano condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político de oposición Manuel Cepeda Vargas, hecho de gran trascendencia en la lucha contra la impunidad como lo afirma Iván Cepeda Castro, recién elegido representante a la Cámara por el Polo, vocero del Movimiento de Víctimas e hijo del senador asesinado, al señalar el alcance de la condena: "En el texto de la Sentencia se encuentran los elementos probatorios para demostrar que el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica es un crimen de Estado, planificado y ejecutado por estructuras organizadas que han involucrado a mandos militares y a jefes paramilitares". Esta sentencia empieza a develar la verdad de uno de los tantos crímenes de Estado que por su naturaleza son crímenes contra la humanidad y han dejado más de 300 mil víctimas de homicidios, desaparecidos, torturados, esto sin incluir los millones de campesinos víctimas del desplazamiento interno que convierte a Colombia en un caso grave de crisis humanitaria, donde el Estado ha pretendido negar la existencia del conflicto interno y llevar al olvido los crímenes e impedir que los victimarios materiales e intelectuales asuman su responsabilidad ante la justicia.

Este dictamen se pone en consonancia con la lucha de las víctimas por la verdad y contra la impunidad en el desarrollo de los procesos que vienen llevando los tribunales nacionales porque condena a mandos del ejército y a líderes políticos como 'autores mediatos' de crímenes de lesa humanidad y como lo señala Cepeda: "Son precisamente esos avances los que pretenden socavar propuestas como la de fortalecer el fuero penal militar, limitar las atribuciones de las altas cortes o convertir a la fiscalía en una dependencia del poder Ejecutivo" (1).

Con preocupación debemos reseñar las reacciones del Ejecutivo, altos mandos militares activos y retirados, y las propuestas del nuevo gobierno frente a la decisión de la jueza María Stella Jara, quien dictó sentencia condenatoria contra el coronel Plazas Vega por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. No solamente el presidente expresó públicamente su inconformidad por el fallo judicial, sino que faltando pocos días para terminar su largo periodo presidencial pretendió declarar una nueva conmoción interior para legislar sin control del órgano legislativo, esta propuesta aparentemente fue archivada, pero muestra las pretensiones de este sector de la clase dominante por impedir y desconocer las actuaciones de la rama judicial que en el caso de la jueza Jara, la convirtió en una nueva desplazada judicial al salir al exilio para preservar su vida, mientras los victimarios comprometidos en delitos de lesa humanidad, encuentran la solidaridad de cuerpo y de clase que busca entorpecer el esclarecimiento de los crímenes de Estado.

Ante este escenario el país, los movimientos sociales y los defensores de los derechos humanos tenemos la obligación moral de expresar nuestra solidaridad con la rama judicial para rechazar los ataques y presiones que buscan negar la independencia de la justicia y de propuestas del presidente electo de abrogarse la facultad de nombrar al fiscal general y promover reformas a su medida con el beneplácito de una mayoría en el Congreso que mantiene vínculos con procesos como la parapolítica y que lo único que buscan es blindarse contra la acción legítima de la justicia y de esta forma profundizar el régimen de impunidad con estrategias ya practicadas de otorgar beneficios judiciales a los victimarios como ha ocurrido con la llamada Ley de "Justicia y Paz".

En estas condiciones es razonable la preocupación del alto gobierno, porque la Fiscalía General de la Nación, el día 7 de julio cita: "a interrogatorio a tres funcionarios del gobierno y un ex asesor externo de la Presidencia, en la investigación que se adelanta por el escándalo del DAS, por supuestos seguimientos e interceptaciones ilegales. Se trata de Edmundo del Castillo, secretario Jurídico de Palacio; César Mauricio Velásquez, secretario de prensa; Jorge Mario Eastman, quien se desempeñó como alto consejero para las Comunicaciones y ahora es viceministro de Defensa, así como el ex asesor externo José Obdulio Gaviria.

Además, la Fiscalía fijó las fechas para realizar los interrogatorios de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien fue citada para mañana 9 de julio, y de Bernardo Moreno, secretario General de la Presidencia, quien deberá presentarse el próximo 14 de julio. Por tratarse de funcionarios con fuero la diligencia la deberá realizar el propio Fiscal General…

Los funcionarios de la Presidencia y el ex asesor externo fueron mencionados en la Fiscalía por Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia del DAS, y por Fernando Tabares, ex jefe de Inteligencia de ese organismo, quienes hablaron de reuniones que se habrían realizado en Palacio" (2).

Esto demuestra que falta mucho por conocerse en el caso del DAS y que el nuevo gobierno de Santos y Garzón tendrá a cargo una entidad que a todas luces hace parte de la estructura comprometida en la violación de los derechos humanos. Se ha conocido un nuevo hecho que compromete a agentes del Estado vinculados al DAS con la violencia antisindical, el día 23 de junio de 2010, la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, de la ciudad de Bucaramanga, dentro del proceso 2276 que lleva por el asesinato de Luciano Romero, dirigente de Sintrainal y trabajador de Cicolac-Nestlé, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los funcionarios del DAS Nolberto Sotomayor y José Antonio Riaño por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

Frente a este escenario, el movimiento sindical debe fortalecer el plan de movilización exigiendo el cese de la violación a los derechos humanos de los sindicalistas que este año ha cobrado la vida de 32 compañeras y compañeros, en esa medida las organizaciones sindicales tenemos la obligación moral de elevar nuestra atención solidaria con las familias y con las miles de víctimas de la violencia antisindical, esto pasa por documentar los casos para reivindicar su memoria y aporte a la lucha de los trabajadores, todo esto acompañado de las acciones jurídicas y su correspondiente seguimiento en las instancias nacionales e internacionales.

Con el fin de avanzar en este compromiso es necesario poner en práctica las conclusiones del Segundo Encuentro de Víctimas de la violencia antisindical, realizado en febrero en la ciudad de Medellín y vincularnos activamente en la preparación del Encuentro Nacional del MOVICE que se desarrollará en marzo de 2011, para hacer realidad nuestra lucha por verdad, justicia y reparación integral.

Notas:

(1) Cepeda Castro, Iván. Víctimas no deben pedir perdón. En: El Tiempo, julio 3 de 2010, p. 1-17.

(2) Redacción justicia. En: el Tiempo, julio 8 de 2010, p. 1-4.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Prensa de la CUT nacional

Medellín, 5 de julio de 2010.

Todavía recuerdo la noche que me quedé hasta las tres de la mañana en la sala de audiovisuales del colegio donde trabajaba como profesor, —para ese entonces yo había decido no tener televisor—, y no me quería perder el magistral debate, que usted realizaba ese día sobre el paramilitarismo en Antioquia, que transmitieron por el canal del Congreso y que se alargó hasta esas horas. Como el colegio quedaba en una vereda, zona rural del municipio de la Estrella – Antioquia, tuve que salir a las tres y media de la madrugada y caminar muchas cuadras en medio de la oscuridad, corriendo el riesgo de ser asesinado por ese mismo paramilitarismo, que usted mismo con tanta vehemencia, había acabado de denunciar unas horas antes. Pero ni la oscuridad, ni el miedo a la violencia que aún padecemos, me preocupo; por el contrario, iba caminando eufórico y orgulloso, de que existiera un Senador como usted.

Después de ese debate, pasaron muchas cosas, y usted empezó a asumir unas posturas muy difusas, y comenzó usted a alejarse de la izquierda, con el prurito aquel de buscar una izquierda “renovada”, aquella que tanto gusta a la derecha. Una postura de esas no era nueva en la construcción de la izquierda, cuántos de izquierda, por esa vía no han terminado en la derecha. Así que simplemente, me definí antipetrista, por decirlo de alguna manera. Pero hace poco, ocurrió algo que no me dejo tranquilo, y por esto decidí escribirle esta carta. ¿Será posible que usted la lea completa y la tome en cuenta?

Ocurrió que vi, en la prensa, una foto suya, sonriente y dándole la mano a Juan Manuel Santos. Para mí, esto fue una traición suya, al pueblo que lucha, al pueblo de izquierda y un traición a su digno y corajudo pasado. Yo no lograba entender, cómo el hombre valiente que denunció la mafia y paramilitarismo unos años antes, ahora, saliera sonriente, en una foto estrechando la mano, del actual represente de ese mismo poder fascista mafioso y criminal.

Yo no creo, que usted, vaya detrás de un puesto, un ministerio o alguna embajada. Yo creo que usted, le coquetea al régimen actual, que usted mismo ha criticado tanto, por simple vanidad. Sí, vanidad, narcisismo. Por eso mismo, usted se prestó para ayudarle a la derecha, a sacar de la contienda electoral a Carlos Gaviria. Si no fuera vanidad, sería ingenuidad, y yo no creo que usted sea ingenuo. ¿En verdad, cree usted que los poderes mafiosos de la derecha, van a hacer una alianza con usted, para devolverles la tierra a los pobres? ¿En verdad, creía usted que los monopolios de la tierra y del capital iban a hacer una alianza con usted, para rectificar la inequidad? Yo no creo, le repito, que haya sido ingenuidad suya, sino la vanidad de querer ser usted, el salvador, el elegido, así eso significara, pasar por encima de los principios del PDA que con tanto esfuerzo hemos construido.

En la consulta interna del PDA para elegir el candidato a la presidencia, cometimos un error, hacerla abierta y no cerrada para los militantes de izquierda (así fuéramos pocos, así fuéramos una minoría, seguimos siendo la minoría, pero la minoría de la decencia). Usted sabe, y todos supimos, que la derecha salió a votar por usted en esa consulta… no porque fueran a votar por usted después en las elecciones presidenciales, sino para sacar de la contienda a Carlos Gaviria. Yo fui testigo de viejos godos conservadores, que ese día salieron a votar por usted, para que perdiera el programa de izquierda del PDA.

Luego, sin muchos ánimos y por disciplina de partido, salimos los hombres y mujeres de izquierda a votar por usted en las pasadas elecciones presidenciales, (y valga mencionar que muchos de sus seguidores en la consulta interna, después se pasarían a las filas del Mockus.) ¿Y que pasó?…. ese día, la derecha que había votado por usted en la consulta interna de los partidos, simplemente salió a votar por su candidato Santos.

Yo sé, que en Colombia, los hombres y mujeres de izquierda somos muy pocos, y nos hemos equivocado mucho… Bueno, también nos han asesinado sistemáticamente desde hace muchas décadas. Pero, lo único que nos queda, ese esta colectividad de IZQUIERDA; este partido, para hacer oposición con dignidad y para plantear opciones distintas a la sinvergüencería que hoy predomina, y que sin pudor alguno, hoy están nombrado como “Unidad nacional.”

Gustavo Petro, usted no me conoce, pero hoy quiero decirle, que un día lo admiré, pero hoy ya no… desde hace mucho tiempo no… por sus coqueteos a la derecha… y mucho menos por esa foto tan lamentable.

Yo le sugiero hoy, le ruego, que renuncié al PDA, vaya y funde su partido multicolor de centro izquierda o centro derecha o centro centro. Usted en su cuenta de Facebook, ahora dice: “La nación por encima de los partidos y las mezquindades. Dialogo Nacional por las victimas, tierra para los campesinos y agua para la vida.” ¿En verdad cree usted que con una figura tan siniestra y oligarca como Juan Manuel Santos, se puede dialogar, y más aún esperar, que éste representante del latifundio y los monopolios, le vaya a restituir algún pedazo de tierra a un campesino? En fin…..crea usted en eso, pero no pretenda hacer este “dialogo” con el nombre del PDA.

Déjenos a nosotros con nuestra izquierda radical, de la cuál estamos tan orgullosos. Seremos pocos… sí… Nos hemos equivocado mucho… sí…. pero no nos vamos a tomar fotos con nuestros enemigos y a creerles carajadas, como aquellas de que nos van a dar un “lugar” en su “democracia”, sin pedirnos que renunciemos a nuestros principios.

Somos pocos…. lo sabemos. La mayoría en Colombia hoy día está con la derecha, y precisamente, el no hacer parte de esta mayoría, es nuestro mayor honor. Somos pocos, pero estamos de pie, resistiendo y diciendo que si el PDA no es de izquierda, nada será.

Frank David Bedoya Muñoz.

Historiador.
Medellín, 5 de julio de 2010

(Audio) A escasas semanas para que finalice el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, éste sombrío personaje quedará dentro de la geografía histórica de Colombia, como narcotraficante (un documento desclasificado por los Estados Unidos en el 2004, lo muestra en una lista de narcotraficantes colombianos, allí aparece en el Nº 82, muy cerca de Pablo Escobar Nº 79), mafioso (es bien conocida su afición por los caballos, la ganadería, la posesión de grandes extensiones de tierra, su lenguaje, las amistades que ha cultivado, los vínculos de su familia, desde su padre, hermanos e hijos con la mafia colombiana), asesino (impulsó el paramilitarismo en Antioquia, respaldó, apoyó y defendió asesinos como el general Rito Alejo del Río y al Coronel Alfonso Plazas Vega y está comprometido en masacres como la del Aro en el municipio de Ituango Antioquia), corrupto (ha puesto al Estado al servicio de las instituciones financieras, sus hijos se han lucrado por actuaciones de miembros de su gobierno, su esposa se ha enriquecido con la venta de Ecopetrol, existe la yidispolítica, la parapolítica y volvió multimillonario al “empresario” antioqueño William Vélez) y explotador del pueblo colombiano (ha dejado en la pobreza, cuando no en la miseria, a la mayoría de su población, que se perpetua con programas como Familias en Acción, ha pauperizado el empleo, le ha quitado la tierra a los campesinos y nos ha puesto en la vergonzosa posición de ser el país más desigual de América latina).

Pero una de sus actuaciones toma especial interés para el escrito de esta semana. Como narcotraficante y mafioso, tiene una práctica particular que comparte con sus congéneres, intentar borrar cualquier huella que lo implique con sus crímenes, siendo la ley del silencio, una de las máximas de sus actuaciones. Esta práctica ya se veía con la Cosa Nostra o la Camorra en Italia y luego se replicó en  Estados Unidos donde dio origen a la novela El Padrino.

Veamos cuatro casos en los que se menciona esta práctica en la que ha incurrido el mafioso paisa. Primero, el asesinato o desaparición de los Doce Apóstoles para que no hablen sobre él o contra su hermano Santiago Uribe; segundo, la extraña muerte de Pedro Juan Moreno; tercero, la extradición de los principales jefes paramilitares a Estados Unidos y; cuarto, el asesinato del testigo clave de la masacre del Aro, el paramilitar Francisco Villalba.

El caso de los Doce Apóstoles ha sido presentado recientemente por el testimonio del ex mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses Quintero, quien denuncia a Santiago Uribe de haber creado en la década del 90’ el grupo paramilitar en el municipio de Yarumal. Igualmente señala que Álvaro Uribe como Senador y luego gobernador en Antioquia tenía conocimiento y apoyaba las actividades de su hermano. Lo interesante de tales denuncias es que el mismo ex policía señala que la mayoría de miembros del grupo paramilitar fueron asesinados y él mismo comenzó a tener amenazas por toda la información que conserva y que implica a la familia presidencial. Sólo a partir de la protección a nivel internacional y la denuncia, le ha permitido sobrevivir. Pero como toda mafia, el iracundo Uribe ha salido a descalificar a Meneses y de paso a señalar como “idiotas útiles” a quienes están investigando los hechos, entre ellos al Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y al Padre Jesuita Javier Giraldo.  

El otro caso es el de Pedro Juan Moreno, quien como secretario de la gobernación de Antioquia durante el mandato de Uribe, se reunió varias veces con el paramilitar Carlos Castaño, según testimonio del desmovilizado Fredy Rendón “El Alemán”, para consolidar el proyecto paramilitar en el país con las denominadas Convivir. Seguramente este personaje sabia demasiado sobre su jefe y comenzó a comprometer en delitos de corrupción a personas cercanas al gobierno de Uribe con su revista “La Otra Verdad”. Por eso, resulta extraña su muerte el año 2006 siendo candidato al Senado de la República, cuando el helicóptero en el que viajaba se precipita al suelo en la región del Urabá. El mismo paramilitar Salvatore Mancuso reveló desde Estados Unidos que Moreno tenía conocimiento de los hechos de los paramilitares como la masacre del Aro y recientemente se ha pronunciado el carnicero de Urabá, el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII del Ejercito con sede en Carepa entre 1995 y 1997, actualmente procesado por el asesinato de dos campesinos, quien señaló que la muerte de Moreno fue un asesinato y que se debía investigar.

Además está la sorpresiva y masiva extradición de 14 capos en mayo de 2008 hacia los Estados Unidos, tuvo como objetivo principal acallar las posibles acusaciones sobre militares, políticos y empresarios que financiaron, promovieron y apoyaron el desarrollo del paramilitarismo en el país. La orden la dio directamente el presidente Uribe. Y ha logrado un éxito sorprendente, aislar completamente a la dirigencia paramilitar de la justicia colombiana que los interrogaba por la violación a los Derechos Humanos y entregarlos a los gringos por el delito de narcotráfico. Los Estados Unidos no se tomarán demasiadas molestias por el tema de los Derechos Humanos mientras la información no sea provechosa para sus intereses particulares, y Uribe logra blindarse parcialmente por posibles investigaciones en su contra, al estar la dirigencia paramilitar a recaudo del país que tiene el mayor prontuario en violación de Derechos Humanos en la historia contemporánea.

Por último está el caso más sorprendente. El asesinato el 23 de abril de 2009 del ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien afirmó que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre. Villalba fue asesinado por sicarios cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años. Los hechos en 1997 ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia, precedida por su mandatario, Álvaro Uribe Vélez.

El comportamiento mafioso queda evidenciado en estas actuaciones de Álvaro Uribe Vélez, quien bajo la ley del silencio, busca borrar los delitos que ha cometido en toda su carrera política. La historia del país lo recordará como el presidente que llegó al poder respondiendo a las entrañas de las estructuras mafiosas, paramilitares y narcotraficantes que dominaron al país Andino a finales del siglo XX e inicios del XXI.

Una de las eurodiputadas señaló que el asesinato a campesinos colombianos es una aberración, al indicar que personas inocentes son "cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos".

TeleSUR  / Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.

"Habían seis desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y siete por el Ejército y de la Fuerza Pública", indicó.

Agregó que existen denuncias también por "22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena".

"Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos (Â…) La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años", subrayó el investigador.

Anunció que para el próximo mes de septiembre se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país suramericano.

Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá todo listo para presentar un informe oficial, resultado de las audiencias públicas efectuadas en torno al tema.

La senadora lamentó que esta situación "sea objeto noticioso y un hecho generalizado en el país"

La corresponsal de teleSUR, Angie Camacho, reportó que los pobladores campesinos de La Macarena decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban.

"De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes" de este hallazgo.

La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó desde La Macarena que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.

En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.

En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó "que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo".

"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", enfatizó.

Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.

"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora.

Agregó que "cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática".

Los campesinos de la zona exigieron que "respeten nuevas vidas (...) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra".

Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.

La fosa más grande de Latinoamérica

Esta fosa se tratá de la más "grande de América Latina". Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.

En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.

En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.

El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.

Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.

Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.

Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.

teleSUR/kg - FC

Por: Esteban Mercado / El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, es uno de los funcionarios más cercanos al presidente saliente, Álvaro Uribe, pese a que se encuentra inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular por su vinculación con hechos de corrupción.

El diplomático fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular por la Sala Plena del Consejo de Estado, por haber violado el régimen de incompatibilidades al gestionar en nombre ajeno asuntos ante las entidades públicas. Asimismo, otra de las causales que originó la inhabilitación del ex congresista colombiano fue la indebida destinación de dineros públicos.

Con ponencia del Magistrado Alberto Arango Mantilla, la Sala le negó en 2006 el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 8 de agosto de 2001 proferida por el mismo tribunal.

Hoyos trató de revertir el fallo a través de una tutela interpuesta ante la Corte Constitucional, pero este intento fue en vano. El alto tribunal le dio la razón al Consejo de Estado y al embajador colombiano se le agotaron las instancias a la cuales acudir.

Tras una serie de investigaciones sobre la destinación de dineros públicos por parte de Hoyos, magistrados colombianos le pidieron a la ex congresista Yidis Medina, quien entregó a la Corte los recibos de consignaciones de cuentas al ex representante Teodolindo Avendaño, que mencionara a los funcionarios del Gobierno que le habían ofrecido prebendas a cambio de su voto afirmativo a la reelección.

Medina mencionó a los ministros del Interior y de Protección Social, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio; al entonces secretario general, Alberto Velásquez y a su sucesor Bernardo Moreno.

Agregó que otros funcionarios recibieron instrucciones para acomodar cuotas y entre ellos citó al ex director de la Red de Solidaridad Social, Luis Alfonso Hoyos y a Farouk Urrutia, director de la ESE Luis Carlos Galán en Bogotá.

Hoyo, tomó posesión de su cargo en 2002, dos días después de que Uribe asumiera la presidencia, en una ceremonia en la Casa de Nariño, nombrado entonces como director de la Red de Solidaridad Social, actualmente conocida como la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló pliego de cargos contra el ex Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, es decir, Luis Alfonso Hoyos , porque, presuntamente no obedeció las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en materia de atención a población desplazada.

Al proferir esta decisión, la procuradora segunda delegada para la Vigilancia Administrativa, Alba Cristina Grueso Sánchez, consideró que el señor Hoyos pudo incurrir en incumplimiento de sus deberes, al no acatar lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004, así como los requerimientos de la PGN, en cuanto a la ayuda humanitaria y administración del Registro Único de Población Desplazada (RUPD).

Caycedo sostuvo que el complot está a cargo de 'El Diablo', alias de un desmovilizado de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Por: Miguel Suárez (01/07/10). Con lista inmensa de policías. militares y congresistas presos o por lo menos descubiertos o con nexos denunciados con el narcotraficante, como el mismo jefe de la policía Oscar Naranjo, con denunciados vínculos con el narcotraficante “Jabón” que fue asesinado misteriosamente cuando se escondido en Venezuela.

En su afán de desprestigiar a la guerrilla, la imagen del “Che”, que les atemoriza hasta en camisetas, esta siendo utilizada por la policía de Naranjo, que tiene un hermano preso por narcotraficante en Alemania, para presentar a los guerrilleros como narcotraficantes.

En una nota del medio de desinformación “El Espectador”, titulada “Duro golpe a redes de 'narcos'”, ilustrada con un paquete de cocaína, según ellos decomisada a los narcotraficantes, marcado con un numero y una foto del “Che”, seguida de un texto que dice “Detalle de uno de los 49 bultos con cocaína, que fueron incautados por la Armada Nacional cerca a Cartagena”.

Hasta ahora mientras ellos están untado de cocaína hasta el pelo, con presidente narcotraficante numero 82, han señalado como narcotraficantes a los guerrilleros colombianos, pero esta vez en su afán de desprestigiar a la guerrilla la han tomado contra el “Che”.

Prensa PCC / Nariño- / Fuertes combates presentados desde el 18 de junio de 2010 ponen al descubierto como  algunas tropas de las fuerzas militares colombianas colocan en serio riesgo a los habitantes. Sucedió en el río Mejicano, en Tumaco (Nariño), el 18 de junio las FARC atacaron un campamento militar, acantonado al lado de la escuela y de la cancha de la comunidad de San José del Guayabo. Versiones no oficiales dan cuenta de cuatro muertos (tres del ejército y uno del grupo guerrillero) y seis soldados del ejército heridos.

Según denuncia del Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mejicano, en este  territorio colectivo las confrontaciones armadas entre oficiales e insurgentes de las FARC ha provocado desplazamiento forzado masivo de 60 familias, en su mayoría mujeres, niños y niñas, quienes llegaron a la cabecera municipal de Tumaco en las horas de la mañana. “A otros grupos familiares de esta comunidad y otras vecinas, en un número significativo de 2.450 personas, se les impidió su salida quedando confinadas en medio de los enfrentamientos”, dice el comunicado de la comunidad del sur del país.

En el territorio colectivo, desde el año pasado se ha venido desarrollando la erradicación manual forzada y la fumigación aérea contra los cultivos de uso ilícito de coca, acciones que conllevaron enfrentamientos armados y que además de acabar con los cultivos de pancoger de las fincas y de las parcelas de cacao, plátano y coco impulsadas por programas gubernamentales de sustitución de cultivos ilícitos, generaron serios problemas ambientales en el territorio y una profunda crisis social y económica. Esta situación provocó desplazamientos forzados de muchas familias hacia Tumaco y otras ciudades del interior del país, que en la actualidad están poblando los cinturones de miseria urbanos, sostienen-

El Consejo Comunitario hace un llamado urgente para que no se ponga en riesgo la vida de las comunidades y se respete y se cumpla el mandato del Derecho Internacional Humanitario.

Nos Matan y no es Noticia,

Ricardo Ferrer.

Nos Matan y no es Noticia, es el titulo que el periodista Ricardo Ferrer coloca a su libro, que actualmente está en una imprenta asturiana para su pronta edición.

En ese caso los testomonios personales, que le costó el exilio al autor, se refieren a las masacres de bandas paramilitares perfectamente coordinadas con el ejercito colombiano sobre el Río Atrato, y los intereses estratégicos en aquella zona de rica Biodiversidad.

Dosmil cuerpos en una fosa común, en el propio cementerio de la Macarena, y  ¿no escandaliza a nadie?, Allí llegó la Delegación Asturiana el año anterior, y recibió noticias de esa posible fosa, y lo puso en su informe y lo transmitió a las autoridades.

Después, tuvieron que ser los pobladores, alertados por las filtraciones a las aguas de beber, quienes volvieran a llamar la atención. Ha sido publicado en varios lugares del mundo. El alcalde, afin al gobierno, lo denunció también junto al sepulturero, pero las presiones oficiales les hicieron "disminuir" sus apreciaciones sobre el número de cuerpos NN..  La Comisión Asturiana  ha estado preguntando a las autoridades sobre el caso, y las respuestas han sido más preocupantes aún, en fiscalía, en procuradoría, en ministerio del interior, en la ONU...

Los pobladores, nuevamente, alertan de que nadie está protegiendo el lugar. Nadie está impidiendo que se puedan disfrazar las pruebas. Que un tractor pueda entrar y volver a entremezclar cadáveres anonimos, a sacarlos y llevarlos a otro lugar.

¿se imaginan una cifra diez veces menor, pero en otro lugar que no sea Colombia?.

Aqui se dice  que es la mayor fosa común de la historia colombiana, según un fiscal. Pero..  ¿los poderosos intereses de empresas de matriz europea se ponen por encima y un régimen de extrema derecha y de extrema violación a los ddhh merecen el apoyo institucional?

La Delegación Asturiana conoce y transmite a las autoridades otra denuncia. Y las autoridades toman nota, dicen desconocer, o alegan que "hay tantas fosas comunes en nuestros país que.."

Se trata del municipio de Argelia en el Cauca. Un "matadero" de gente, donde las familias quisieron ir a buscar los cuerpos de sus desaparecidos, y los paramilitares (que el gobierno decretó que ya no existen) no les dejaron..

Entre las atrocidades que contaron esas personas desplazadas de su territorio después de que mataran a muchos de sus familiares, una que deja  en estado de  parálisis a la delegación: gente amarrada a la que echaban perros hambrientos para ir asesinandolos poco a poco. Después esos perros "miraban" con ojos hambrientos a los niños...las familias preguntaban a los paramilitares asesinos de extrema derecha qué iban a hacer con esos perros..

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz , es una de las instancias más odiadas por los empresarios y su soporte institucional en el gobierno.

han sufrido varias arremetidas, todas coincidentes con los testimonios, investigaciones y acompañamiento de Juasticia y Paz a las Comunidades.

En 2003, por parte de la empresa Maderas del Darien, y sus desastres en el selva húmeda . El acompañamiento sirvió para que se le quitara la certificación de maderas limpias para la exportación. Porque no estaban limpias sino muy manchadas  de sangre...

En 2008 los palmeros, los empresarios de la palma aceitera en connivencia con el paramilitarismo: recibiendo subvenciones millonarias del gobierno. Siendo los propios gobernantes empresarios de la palma..  Y se lanzó otra campaña feroz en los medios,  para judicializar, para amedrentar, para poner en peligro inmediato a los componentes de Justicia y Paz.

De ambas Justicia y Paz salió más o menos bien, aunque tuvieran que poner muchas energias, salirse de algunas zonas, realizar una ingente labor internacional.

En 2009 se lanzó otra campaña: un exministro de Uribe, un asesor de primera linea de Uribe, y otros elementos del poder en Colombia, en relación a que los indigenas, los negros, los colonos en el Cerro Sagrado de Cara de Perro se oponian a la explotación minera ilegal.

Y que para el caso de los monocultivos de palma aceitera con destino a agrocarburantes,  en tierras robadas a las comunidades, los empresarios trataron y tratan de crear un consejo comunitario paralelo y artificial, incluyendo burdas movilizaciones contra JyP porque la Comisión "les roba las tierras"..

Las instancias jurídicas han vuelto a decidir a favor de las comunidades a las que Justicia y Paz acompaña, Por lo mismo el gobierno tiene escuchas a todos los telefonos de la Comisión, persecución a sus integrantes, hostigamiento continuado.

Por eso también siguen precisando acompañamiento internacional sobre el terreno. Para preservar la paz en los territorios humanitarios, de paz, de biodiversidad decididos asi por las comunidades.

Hay otro "detalle" que inquieta al gobierno de extrema derecha de Colombia: la comisión de Justicia y Paz hace parte de las investigaciones por la masacre en el palacio de Justicia. Y participa en las "conversaciones" en Estados Unidos con los jefes paramilitares que fueron extraditados para que no dijeran todo...  Y "algo" más están diciendo, que impica al gobierno y los empresarios en sus actuaciones delectivas..

Y un tercer caso fuerte, en que JyP  es parte civil en las investigaciones al DAS por su enorme corrupción y escuchas ilegales a periodistas, politicos, organizaciones de ddhh

La Corte Interamericana se ha pronunciado en tutelar a las comunidades, pero el gobierno...las persigue.

El 13 de enero fue asesinado Argenito, que habia firmado una tutela contra los empresarios...

En enero el ejercito ametralló un resguardo indígena. Alegaron que habian detectado fuego en las casas, que "tal vez" habria guerrilleros cocinando..y hala, balas contra el resguardo con dos heridos graves, uno de ellos paraplejico.

Y la gente...ha decidido crear otra Zona Humanitaria,  en los próximos días, con acompañamiento internacional

soldepaz.pachakuti

desde Colombia.

Junio 26 de 2010   Por Recalca Durante la 99º Conferencia de la OIT, realizada este mes en Ginebra – Suiza, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, manifestó su apoyo a la candidatura de Juan Manuel Santos, quien fue ministro de defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, caracterizado por perseguir, estigmatizar e impedir el desarrollo de la organización sindical y que convirtió al país en el lugar más peligroso del mundo para ejercer esta actividad gremial. Además, según lo manifestaron los dirigentes que conformaron la delegación de la Conferencia de la OIT, a pesar de que el documento que presentó la CGT en Suiza pedía la inclusión de Colombia en la lista de los 25 países cuestionados por las violaciones a los derechos laborales, en sus intervenciones públicas Gómez defendió fue el esfuerzo del gobierno y la mejoría en la situación de los trabajadores.

La decisión final de la OIT fue retirar a Colombia de esta lista, desconociendo la grave situación de seguridad y las precarias condiciones laborales que sufren los trabajadores colombianos. Éste se convertirá en el principal argumento que esgrimirá el gobierno colombiano ante el mundo para buscar que los congresos y parlamentos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea aprueben los Tratados de Libre Comercio, que justamente estaban congelados por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y laborales.

La razón principal de la adhesión de Julio Roberto Gómez a la candidatura de Santos es que su vicepresidente es “el compañero Angelino Garzón, caracterizado dirigente sindical y quien como Ministro de Trabajo, como Gobernador del Valle del Cauca y como Embajador de Colombia ante Naciones Unidas con sede en Ginebra Suiza, siempre fue leal al sindicalismo”, según lo afirmó el propio dirigente sindical. Angelino Garzón, al servicio del gobierno de Álvaro Uribe, ha trabajado por la aprobación de los TLC, poniéndose en contra de los intereses de los trabajadores colombianos, y del lado de las transnacionales y del sector financiero global.

Lamentamos esta decisión del presidente de la CGT, quien a comienzos de este año, sin explicación alguna, retiró a la Central de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA, espacio amplio, democrático y plural de lucha contra los TLC. Ahora se pone del lado de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón, quienes han prometido respaldar la instalación de al menos siete bases militares gringas en Colombia y aprobar los TLC que terminarán de sumir al país en el atraso y el subdesarrollo.

Hacemos un llamado a las bases sindicales del país y a todas las organizaciones sociales y de oposición, a redoblar esfuerzos frente a la sociedad colombiana y la comunidad mundial, para que se sepa que Colombia es el país con la mayor tasa de desempleo en América Latina, con la mayor tasa de informalidad, con condiciones de trabajo indignas y donde sus líderes sindicales sufren persecución y asesinatos como en ninguna otra nación en la tierra. Denunciamos que, usando un pequeño sector del sindicalismo, la clase dirigente colombiana quiere engañar a los congresos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para que aprueben los TLC aún cuando la situación de derechos humanos y laborales en Colombia es cada día peor.

Por:  Javier Antonio Marin

Existe un tema que une fuertemente los tres elementos del titulo de esta columna. La tragedia de los casi 72 mineros sepultados este fin de semana en la mina San Francisco en el municipio de Amagá, el terrorismo de Estado expresado en los mal llamados falsos positivos, cuyos cuerpos, de personas reales, han aparecido también en profundos socavones de la geografía nacional y que escandaliza, junto a la mayor fosa común encontrada en la Macarena denunciada por la Comisión Asturiana de Derechos Humanos y la elección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Esta relación está precisamente en la consolidación del neoliberalismo criminal en Colombia. Este hecho recuerda lo que sucedió con Chile y la dictadura de Pinochet que introdujo con tortura, asesinatos y desapariciones los principios económicos de la escuela de Chicago en el país del Cono Sur. De esa manera el neoliberalismo, como en los dos casos que estamos citando, no necesita de la democracia liberal para ser impuesto de manera criminal.

¿Y como se unen estos dos hechos con Juan Manuel Santos? Desde dos de sus actuaciones como miembro del mismo Estado mafioso y criminal que él mismo y su familia han apoyado, promovido y creado. Primero, como ministro de economía del presidente Pastrana hijo (1998-2002) defendió los principios neoliberales con furor. Fue él quien permitió que el sector financiero se enriqueciera a costa del aumento de los impuestos de los colombianos. Este es un principio fundamental del dogma neoliberal, la defensa del sector financiero sobre los otros sectores de la economía. Tenemos la agricultura, la poca industria nacional arruinadas por defender a unos pocos oligarcas que se enriquecen con la especulación financiera. Y con la destrucción de la producción en el campo y en la industria, vino el fortalecimiento de la exportación de materias primas a un mercado internacional sediento o hambriento de petróleo, carbón, oro, maderas, etc. Que ha llevado al país a un estado similar a la Colonia, en la que exportábamos oro y plata.

Estas medidas neoliberales han llevado a miles de pobres a meterse a las entrañas de la tierra, sin ninguna protección, para sacar el sustento diario y satisfacer las necesidades predadoras de los países imperialistas. La muerte de los mineros de Amagá y de otros miles más de los que no se habla, son responsabilidad directa de quienes defienden e imponen estas políticas neoliberales, como el señor Santos. En este caso la muerte de los mineros, se convierte en una muestra más del conflicto social y armado que existe en Colombia.

Y como si fuera poco, como Ministro de Guerra, Santos ha enviado a miles de compatriotas pobres a las entrañas de la tierra, esta vez por las explosiones de las armas de un Estado fascista que los ha dejado en la fosa común en la que han convertido a Colombia. El neoliberalismo criminal debe eliminar físicamente cualquier forma de resistencia a sus políticas. Por eso se inventaron la amenaza terrorista, desarrollaron los planes Colombia, plan Patriota y plan Consolidación, para acabar con aquellos que con las armas se defienden de los mercaderes de la muerte. Su política de recompensas provocó la muerte de mas de dos mil jóvenes colombianos que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. A esta cifra se suman los dos mil cuerpos encontrados en la que es considerada la mayor fosa común de América latina encontrada en la zona de la Macarena, uno de los centros de operaciones del Ejercito Terrorista de Colombia, de quien era responsable directo el mismo Santos.

Vaya escándalo, sobre los mineros gran alharaca por los medios de comunicación, del terrorismo de Estado, silencio sepulcral. Todos muertos bajo los mismos principios neoliberales que siguen defendiendo las oligarquías colombianas, esta vez bajo la desfigura de Juan Manuel. Llegará el día, en que ni la tierra quiera recibir a estos asesinos en su interior, porque será repugnante lo que quede cuando dejen de respirar. Mientras tanto, los otros, saldrán de la tierra para exigir y tomar lo que se les ha negado.