Radio Cafe Stereo

Por Luis Alberto Vanegas, Director Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad

CUT, Bogotá, 26/07/10.- El Tribunal Interamericano condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político de oposición Manuel Cepeda Vargas, hecho de gran trascendencia en la lucha contra la impunidad como lo afirma Iván Cepeda Castro, recién elegido representante a la Cámara por el Polo, vocero del Movimiento de Víctimas e hijo del senador asesinado, al señalar el alcance de la condena: "En el texto de la Sentencia se encuentran los elementos probatorios para demostrar que el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica es un crimen de Estado, planificado y ejecutado por estructuras organizadas que han involucrado a mandos militares y a jefes paramilitares". Esta sentencia empieza a develar la verdad de uno de los tantos crímenes de Estado que por su naturaleza son crímenes contra la humanidad y han dejado más de 300 mil víctimas de homicidios, desaparecidos, torturados, esto sin incluir los millones de campesinos víctimas del desplazamiento interno que convierte a Colombia en un caso grave de crisis humanitaria, donde el Estado ha pretendido negar la existencia del conflicto interno y llevar al olvido los crímenes e impedir que los victimarios materiales e intelectuales asuman su responsabilidad ante la justicia.

Este dictamen se pone en consonancia con la lucha de las víctimas por la verdad y contra la impunidad en el desarrollo de los procesos que vienen llevando los tribunales nacionales porque condena a mandos del ejército y a líderes políticos como 'autores mediatos' de crímenes de lesa humanidad y como lo señala Cepeda: "Son precisamente esos avances los que pretenden socavar propuestas como la de fortalecer el fuero penal militar, limitar las atribuciones de las altas cortes o convertir a la fiscalía en una dependencia del poder Ejecutivo" (1).

Con preocupación debemos reseñar las reacciones del Ejecutivo, altos mandos militares activos y retirados, y las propuestas del nuevo gobierno frente a la decisión de la jueza María Stella Jara, quien dictó sentencia condenatoria contra el coronel Plazas Vega por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. No solamente el presidente expresó públicamente su inconformidad por el fallo judicial, sino que faltando pocos días para terminar su largo periodo presidencial pretendió declarar una nueva conmoción interior para legislar sin control del órgano legislativo, esta propuesta aparentemente fue archivada, pero muestra las pretensiones de este sector de la clase dominante por impedir y desconocer las actuaciones de la rama judicial que en el caso de la jueza Jara, la convirtió en una nueva desplazada judicial al salir al exilio para preservar su vida, mientras los victimarios comprometidos en delitos de lesa humanidad, encuentran la solidaridad de cuerpo y de clase que busca entorpecer el esclarecimiento de los crímenes de Estado.

Ante este escenario el país, los movimientos sociales y los defensores de los derechos humanos tenemos la obligación moral de expresar nuestra solidaridad con la rama judicial para rechazar los ataques y presiones que buscan negar la independencia de la justicia y de propuestas del presidente electo de abrogarse la facultad de nombrar al fiscal general y promover reformas a su medida con el beneplácito de una mayoría en el Congreso que mantiene vínculos con procesos como la parapolítica y que lo único que buscan es blindarse contra la acción legítima de la justicia y de esta forma profundizar el régimen de impunidad con estrategias ya practicadas de otorgar beneficios judiciales a los victimarios como ha ocurrido con la llamada Ley de "Justicia y Paz".

En estas condiciones es razonable la preocupación del alto gobierno, porque la Fiscalía General de la Nación, el día 7 de julio cita: "a interrogatorio a tres funcionarios del gobierno y un ex asesor externo de la Presidencia, en la investigación que se adelanta por el escándalo del DAS, por supuestos seguimientos e interceptaciones ilegales. Se trata de Edmundo del Castillo, secretario Jurídico de Palacio; César Mauricio Velásquez, secretario de prensa; Jorge Mario Eastman, quien se desempeñó como alto consejero para las Comunicaciones y ahora es viceministro de Defensa, así como el ex asesor externo José Obdulio Gaviria.

Además, la Fiscalía fijó las fechas para realizar los interrogatorios de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien fue citada para mañana 9 de julio, y de Bernardo Moreno, secretario General de la Presidencia, quien deberá presentarse el próximo 14 de julio. Por tratarse de funcionarios con fuero la diligencia la deberá realizar el propio Fiscal General…

Los funcionarios de la Presidencia y el ex asesor externo fueron mencionados en la Fiscalía por Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia del DAS, y por Fernando Tabares, ex jefe de Inteligencia de ese organismo, quienes hablaron de reuniones que se habrían realizado en Palacio" (2).

Esto demuestra que falta mucho por conocerse en el caso del DAS y que el nuevo gobierno de Santos y Garzón tendrá a cargo una entidad que a todas luces hace parte de la estructura comprometida en la violación de los derechos humanos. Se ha conocido un nuevo hecho que compromete a agentes del Estado vinculados al DAS con la violencia antisindical, el día 23 de junio de 2010, la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, de la ciudad de Bucaramanga, dentro del proceso 2276 que lleva por el asesinato de Luciano Romero, dirigente de Sintrainal y trabajador de Cicolac-Nestlé, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los funcionarios del DAS Nolberto Sotomayor y José Antonio Riaño por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

Frente a este escenario, el movimiento sindical debe fortalecer el plan de movilización exigiendo el cese de la violación a los derechos humanos de los sindicalistas que este año ha cobrado la vida de 32 compañeras y compañeros, en esa medida las organizaciones sindicales tenemos la obligación moral de elevar nuestra atención solidaria con las familias y con las miles de víctimas de la violencia antisindical, esto pasa por documentar los casos para reivindicar su memoria y aporte a la lucha de los trabajadores, todo esto acompañado de las acciones jurídicas y su correspondiente seguimiento en las instancias nacionales e internacionales.

Con el fin de avanzar en este compromiso es necesario poner en práctica las conclusiones del Segundo Encuentro de Víctimas de la violencia antisindical, realizado en febrero en la ciudad de Medellín y vincularnos activamente en la preparación del Encuentro Nacional del MOVICE que se desarrollará en marzo de 2011, para hacer realidad nuestra lucha por verdad, justicia y reparación integral.

Notas:

(1) Cepeda Castro, Iván. Víctimas no deben pedir perdón. En: El Tiempo, julio 3 de 2010, p. 1-17.

(2) Redacción justicia. En: el Tiempo, julio 8 de 2010, p. 1-4.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Prensa de la CUT nacional